La Corte Suprema mostró profunda preocupación este miércoles por la dependencia del presidente Donald Trump en una ley federal ambigua para imponer aranceles globales, con varios miembros del ala conservadora cuestionando la postura del Gobierno en un caso que podría tener amplias implicaciones para la economía y el poder presidencial.
Durante más de dos horas y media de alegatos en uno de los casos económicos más importantes que ha recibido el máximo tribunal en años, el presidente de la Corte, John Roberts, y varios de sus colegas conservadores cuestionaron de manera incisiva al Gobierno sobre su argumento de que tiene la facultad de imponer los aranceles y que los gravámenes son una forma de “regulación” de importaciones, en vez de un impuesto que, en última instancia, pagan los consumidores estadounidenses.
Si el tribunal se aparta de Trump en el tema de los aranceles, sería la primera vez que la mayoría conservadora (6-3) lo haga en un caso importante desde que el presidente regresó al poder en enero. En caso tras caso, la Corte ha respaldado las políticas audaces del Gobierno en inmigración, gasto y organismos independientes.
Estos son los puntos clave de los alegatos de este miércoles:
Los alegatos fueron extensos, pero algunas señales sobre cómo los jueces están considerando la apelación resultaron evidentes casi de inmediato.
Roberts, quien es sin duda un voto clave, señaló que la ley de los años 70 en la que el Gobierno se ha apoyado para imponer los aranceles nunca antes se había utilizado para ese fin, y también puntualizó que el Congreso ha autorizado explícitamente a los presidentes a aumentar aranceles en otras leyes, pero no lo hizo en la ley en cuestión.
“Corríjanme si me equivoco”, dijo Roberts, pero la justificación se está usando para “una facultad de imponer aranceles sobre cualquier producto, de cualquier país, en cualquier cantidad, por cualquier período”.
En un momento, Roberts dijo que la base de ese argumento “parecía no encajar”.
La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorga al presidente la facultad de “regular la importación” durante emergencias. El procurador general de EE.UU., D. John Sauer, principal abogado de apelaciones del Gobierno, argumentó que esa expresión incluye el poder de imponer aranceles, ya que los aranceles son la forma más común de regular importaciones para un Gobierno. Pero las empresas que impugnan los gravámenes han objetado esa interpretación de la ley.
La jueza Amy Coney Barrett, quien fue la última designada por Trump para la Corte Suprema, también tuvo preguntas al respecto.
“¿Puede señalar algún otro lugar en el código, o algún otro momento en la historia, donde esa frase, ‘regular la importación’, haya sido utilizada para conferir autoridad para imponer aranceles?”, dijo Barrett en uno de los momentos más importantes del alegato.
Sauer hizo referencia a un caso del Gobierno de Richard Nixon.
Barrett interrumpió rápidamente, señalando que ese caso involucraba “un tribunal de apelaciones intermedio”, es decir, no la Corte Suprema.
El juez Brett Kavanaugh se presentó quizás como el juez más importante —y más difícil de descifrar— en la Corte este miércoles.
El segundo designado por Trump a la Corte Suprema volvió una y otra vez a un argumento que el Gobierno planteó sobre Nixon. En 1971, Nixon impuso un arancel del 10 % a todas las importaciones, que el Gobierno posteriormente justificó bajo la Ley de Comercio con el Enemigo, precursora de la IEEPA. Esa ley utilizaba un lenguaje idéntico para dar al presidente autoridad para “regular” las importaciones.
Un tribunal federal respaldó los aranceles de Nixon, y el Congreso promulgó la IEEPA con el entendimiento de que así lo había hecho. El argumento de Sauer es que, si el Congreso hubiera tenido algún problema con que los presidentes impusieran aranceles basados en la palabra “regular”, habría ajustado esas palabras al promulgar la IEEPA.
“El presidente Nixon anunció esos aranceles en un discurso nacional en horario estelar, un 10 % para todos en agosto de 1971; no se trataba de una simple hoja de papel, así que era bien conocido”, insistió Kavanaugh a Neal Katyal, el veterano abogado de la Corte Suprema que representa a las pequeñas y medianas empresas que impugnan la ley.
La pregunta, dijo Kavanaugh sobre el Congreso, es: “¿Por qué no cambiaron el lenguaje? ¿Por qué no dijeron regular, pero no aranceles?”
Katyal señaló que Nixon no recurrió inmediatamente al precursor de la IEEPA para imponer esos aranceles, sino solo después, cuando los aranceles fueron impugnados en los tribunales.
Una pregunta importante que se cernía sobre los alegatos era si las empresas tendrían derecho a reembolsos de pagos de aranceles si los jueces fallan en contra del uso de poderes de emergencia por parte del Gobierno para imponer aranceles.
El Gobierno federal ha recaudado casi US$ 90.000 millones en ingresos provenientes de los aranceles impugnados, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. al 23 de septiembre.
A principios de este mes, Trump dijo en una entrevista con Fox Business que si la Corte Suprema fallaba en su contra, “tendríamos que devolver el dinero”.
Barrett le preguntó a Katyal cómo podría funcionar ese proceso, una señal de que podría tener preocupaciones sobre las implicaciones prácticas de fallar en contra del Gobierno.
“¿Sería un completo desorden?”, preguntó.
Katyal dijo que las empresas que representa deberían indudablemente tener derecho a un reembolso si los jueces fallan a su favor, pero para otras empresas dijo que sería “algo muy complicado”.
“O sea, un desorden”, interrumpió Barrett.
“Es difícil, absolutamente, no lo negamos”, respondió Katyal.
El juez Samuel Alito, otro miembro del bloque conservador de la Corte, pareció sugerir que existe un deseo de resolver el tema de los reembolsos antes que después, ya que esperar solo aumentaría la cantidad de ingresos por aranceles recaudados y su complejidad. Aunque todos los tribunales inferiores que consideraron los aranceles fallaron en su contra, permitieron que los gravámenes permanecieran vigentes por el momento.
Abogados comerciales dijeron anteriormente a CNN que probablemente sería tarea de los jueces decidir quién tiene derecho a un reembolso de aranceles si fallan en contra del presidente.
Mientras que varios miembros de la supermayoría conservadora de la Corte dieron señales mixtas sobre cómo podrían fallar, los tres jueces progresistas dejaron claro que no estaban convencidos por los argumentos que el Gobierno intentaba vender.
Las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson fueron opositoras constantes a los argumentos de Trump durante la audiencia, refutando repetidamente las afirmaciones de Sauer en defensa de los aranceles.
En un momento, Jackson, designada por el expresidente Joe Biden, dijo en un intercambio tenso con Sauer que el Congreso promulgó la IEEPA en un esfuerzo por “limitar”, no ampliar, el poder presidencial.
“Está bastante claro que el Congreso intentaba limitar los poderes de emergencia del presidente en la IEEPA”, dijo. “Así que parece un poco inconsistente decir que tenemos que interpretar una ley diseñada para limitar la autoridad presidencial de manera coherente con la idea de que el Congreso quería que el presidente tuviera esencialmente autoridad ilimitada”.
Kagan, por su parte, pareció especialmente molesta por la decisión reiterada de Trump este año de declarar emergencias para avanzar diversas políticas controvertidas, incluidos los aranceles. Trump ha dicho que los desequilibrios comerciales y el tráfico de fentanilo son las emergencias que justifican los aranceles.
Aunque las emergencias que Trump declaró a principios de este año para justificar sus amplios aranceles no estaban directamente en cuestión, Kagan señaló que el Gobierno ha argumentado sistemáticamente en otros casos que los tribunales no tienen poder para revisar las decisiones presidenciales en torno a emergencias nacionales.
“Y de hecho, hemos tenido casos recientemente que tratan sobre los poderes de emergencia del presidente”, dijo Kagan, designada por el expresidente Barack Obama. “Y resulta que estamos en emergencias: todo el tiempo, más o menos, como la mitad del mundo”.
El caso es sobre Trump, pero Biden estuvo presente en los alegatos desde el principio.
La Corte Suprema fue clara en varios casos de alto perfil durante el mandato de Biden al afirmar que los Gobiernos no pueden interpretar una autoridad amplia a partir de un lenguaje legal ambiguo. Esto se conoce como la “doctrina de las cuestiones importantes”, es decir, que el Gobierno debe señalar un lenguaje claro y específico en la ley cuando ejerce políticas que implican cuestiones políticas o económicas “mayores”.
Hace dos años, la mayoría conservadora de la Corte se basó en la llamada “doctrina de las cuestiones importantes” para bloquear el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden. Un año antes, la Corte detuvo el requisito de vacunas y pruebas para 84 millones de estadounidenses impuesto por Biden, concluyendo que el Congreso nunca dio explícitamente al Gobierno el poder de exigir esas medidas durante la pandemia de covid-19.
Katyal, argumentando en nombre de las empresas afectadas por los aranceles, volvió repetidamente a la idea de que la misma doctrina debería aplicarse cuando se trata de Trump.
“¿No dijimos, en el caso de Biden, que recientemente una emergencia no puede aclarar lo que es ambiguo?”, preguntó la jueza Sonia Sotomayor, designada por Obama.
Sauer respondió con uno de los argumentos centrales del Gobierno: la doctrina de las cuestiones importantes no se ha utilizado antes en el contexto de la política exterior. Se asume ampliamente que los presidentes deben recibir deferencia de las otras ramas del Gobierno cuando se trata de asuntos exteriores.
“Consejero”, replicó Sotomayor. “Nunca la hemos aplicado a los asuntos exteriores, pero esto es un arancel. Esto es un impuesto”.
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