Un juez federal dictaminó el martes que una parte clave del decreto del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Radiodifusión Pública (PBS, por sus siglas en inglés) es inconstitucional, impidiendo que el Gobierno negara fondos federales basándose en la línea editorial.
El fallo no revertirá la campaña liderada por Trump para retirar la financiación federal a las emisoras de NPR y PBS. El verano pasado, los republicanos en el Congreso retiraron el apoyo federal ante las objeciones de los defensores de los medios de comunicación públicos.
No obstante, el fallo representa una victoria para la Primera Enmienda. “El fallo de hoy es una afirmación decisiva de los derechos de una prensa libre e independiente, y una victoria para NPR, nuestra red de emisoras y nuestros millones de oyentes en todo el país”, declaró la directora ejecutiva de NPR, Katherine Maher, en un comunicado.
“El tribunal dejó claro que el Gobierno no puede usar la financiación como palanca para influir o penalizar a la prensa, ya sea como servicio nacional de noticias o como redacción local”, añadió Maher.
El fallo podría —y recalco, podría— propiciar cierta financiación para PBS y NPR en el futuro. Esto se debe a que las emisoras públicas también han recibido subvenciones de agencias federales en el pasado. Por ejemplo, en mayo de 2025, el Departamento de Educación canceló US$ 23 millones en fondos para programas de televisión educativos, una medida vinculada al decreto de Trump que el juez Randolph Moss ha declarado ilegal.
El decreto que motivó la demanda de las emisoras públicas ordenaba a las agencias que pusieran fin a “cualquier financiación directa o indirecta de NPR y PBS”.
“La Primera Enmienda establece un límite que el Gobierno no puede traspasar: el uso del poder gubernamental —incluido el poder presupuestario— para ‘castigar o reprimir la expresión disidente’ de otros”, escribió Moss el martes, citando un fallo de la Corte Suprema de 2024.
El decreto de Trump contra NPR y PBS “traspasa ese límite”, escribió Moss, porque “señala a dos oradores y, basándose en su discurso, les prohíbe participar en todos los programas financiados con fondos federales”.
“La Primera Enmienda no tolera la discriminación por motivos de opinión ni las represalias de este tipo”, escribió Moss.
El juez emitió una orden judicial permanente que prohíbe al Gobierno implementar la medida.
El decreto de Trump formaba parte de un esfuerzo multifacético para debilitar la radiodifusión pública en Estados Unidos. Culminó con la revocación por parte del Congreso de los fondos futuros que ya se habían asignado a los medios públicos.
Los recortes entraron en vigor el otoño pasado y han tenido diversas repercusiones en las emisoras locales de todo el país, así como en las operaciones nacionales de PBS y NPR. Algunas emisoras han despedido personal y reducido su programación.
Sin embargo, las cadenas han permanecido al aire, a pesar del comentario de Trump en enero: “Creo que ya no existen; oí que cerraron. Eran terribles”.
Tanto NPR como PBS presentaron demandas alegando violaciones de la Primera Enmienda; en parte, según ejecutivos de los medios públicos, para defender el principio de que el Gobierno no puede usar el poder para castigar la libertad de expresión.
El martes por la tarde, PBS declaró en un comunicado: “Estamos encantados con la decisión de hoy que declara inconstitucional el decreto”.
“Como argumentamos, y la jueza Moss dictaminó, el decreto constituye un claro ejemplo de discriminación y represalia por motivos de opinión, en violación de los principios de la Primera Enmienda”, afirmó la cadena. “En PBS, seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: cumplir con nuestra misión de educar e inspirar a todos los estadounidenses como la institución mediática más confiable del país”.
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