La administración de Donald Trump invocó este sábado la Ley de Enemigos Extranjeros, que anteriormente solo se ha utilizado tres veces, para acelerar las deportaciones de migrantes afiliados a la organización criminal venezolana Tren de Aragua.
La poco conocida ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, otorga al presidente una enorme autoridad para apuntar y remover a inmigrantes indocumentados. La ley está diseñada para ser invocada si EE.UU. está en guerra con otro país, o si una nación extranjera ha invadido EE.UU. o ha amenazado con hacerlo. Por esa razón, los expertos legales han argumentado que enfrentaría una dura batalla en los tribunales.
En una proclamación presidencial, publicada este sábado, la Casa Blanca citó su designación del Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, diciendo que muchos de ellos se han “infiltrado ilegalmente a Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles contra Estados Unidos”.
La proclamación exige que todos los sujetos a la medida sean arrestados, detenidos y removidos de inmediato.
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido invocada tres veces en la historia de EE.UU., todas durante la guerra, según el Brennan Center. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se utilizó para justificar detenciones y expulsiones de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses. La ley desempeñó un papel en la infame política de internamiento japonés de EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial, según el instituto de derecho y política no partidista.
Más temprano este sábado, un juez federal prohibió temporalmente la expulsión de algunos inmigrantes indocumentados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, horas antes de que la administración Trump invocara la ley. La orden de restricción temporal se aplica solo a aquellos que presentaron una demanda este sábado, pero el juez celebrará una audiencia este sábado por la noche sobre si aplicar la orden de manera más amplia.
El fallo se produjo tras una solicitud presentada al juez por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward horas antes de la orden. Los grupos argumentaron que podría no haber suficiente tiempo para intervenir tras la emisión de la orden por parte de Trump.
La ACLU argumentó en su demanda que la organización criminal no ha participado en una invasión “porque la actividad delictiva no cumple con las definiciones tradicionales de dichos requisitos legales”.
El Departamento de Justicia está apelando la orden.
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