Los ecuatorianos son testigos en estos días de una verdadera medición de fuerzas entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional, en una batalla que tiene como consigna el combate a la inseguridad y la violencia que están golpeando sin piedad al país sudamericano. Dos poderes enfrentados entre el temor colectivo al crimen y el freno constitucional ante posibles excesos administrativos en el futuro.
En medio de esa tensión, crecen las alertas entre ciudadanos, académicos, juristas y organismos nacionales e internacionales, que ven con preocupación lo que consideran “expresiones autoritarias” ya registradas en El Salvador de Nayib Bukele o, hace unos años, en el Ecuador del “socialismo del siglo XXI” durante el gobierno de Rafael Correa.
La marcha promovida por el Gobierno el 12 de agosto en dirección a la Corte Constitucional, en Quito, se convirtió en la imagen de una confrontación que escala día a día. Al frente de la movilización, Noboa caminó con un chaleco antibalas y con música militar de fondo hasta la Corte junto a ministros, funcionarios y simpatizantes para exigir a los magistrados que apoyen las leyes que el oficialismo impulsa en su lucha contra la inseguridad. Hace pocos días la Corte suspendió la aplicación de 17 artículos de tres leyes propuestas por Noboa y admitió demandas de inconstitucionalidad al respecto.
“No vamos a permitir que se nos pare, no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras”, dijo Noboa a través de un megáfono a sus simpatizantes afuera de la Corte. Un hecho inédito en un país que no recuerda que un mandatario acuda personalmente junto a una multitud a un tribunal de justicia para ejercer presión y cuestionar sus decisiones.
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente artículos clave de las leyes de Integridad, Inteligencia y Solidaridad (introducidas por el Ejecutivo) que incluyen aspectos como la vigilancia e interceptación de comunicaciones sin orden judicial, la operación de agentes encubiertos, los criterios para definir un conflicto interno armado o un grupo de delincuencia organizada, el indulto presidencial diferido para la fuerza pública, entre otros. La Corte consideró que a primera vista esos artículos “podrían afectar derechos fundamentales” y frenó su aplicación. Esa decisión desató una ola de ataques y el rechazo de Noboa y su gabinete a los jueces del máximo tribunal.
Para algunos expertos la actitud del mandatario ecuatoriano empieza a sentirse como un déjà vu de la presidencia de Rafael Correa, que, entre 2007 y 20017, logró dominar la Corte Constitucional y otras instituciones, o a la estrategia de Bukele para obtener gradualmente, desde que asumió, en 2019, el control de todos los poderes del Estado en nombre del combate al crimen organizado.
Durante la movilización del 12 de agosto, carteles gigantes con los rostros de los nueve magistrados de la Corte Constitucional fueron colocados en una de las avenidas principales de Quito con la leyenda: “Estos son los jueces que nos están robando la paz“. Y aunque el Gobierno indicó que no tuvo nada que ver con su colocación y financiamiento, las imágenes se viralizaron y contribuyeron a marcar el tono de la protesta.
Por su lado, la Corte Constitucional advirtió que las vallas constituyen una “estigmatización” que incrementa el riesgo en la seguridad, integridad e independencia de los jueces. El analista político y columnista José Alvear va más allá y considera que Noboa está viendo a la Corte como un organismo que al que hay que atacar porque entorpece su gestión.
“Tiene que buscar un malo a quien echarle la responsabilidad de que las cosas no puedan caminar en materia de seguridad”, dice Alvear a CNN. Insiste en que Noboa quiere inmediatez en los resultados de su política de seguridad y eso no será fácil porque la Corte cumple con su rol cuando le advierte al presidente que debe respetar la ley.
“Este es un gobierno de tinte populista, es un gobierno que se ha dedicado a generar una política de percepciones y a generar un culto a la personalidad, pero no vemos aún hechos concretos en cuanto a gestión”, precisa.
En eso coincide el decano de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Farith Simon, que sostiene que Noboa busca “controlarlo todo” pese a las advertencias previas de varios juristas sobre la inconstitucionalidad de sus proyectos de ley.
“Ese freno de la corte me parece que al gobierno le ha alterado totalmente y en vez de respetar las condiciones democráticas lo que ha hecho es generar una campaña desde la política”, enfatiza Simon.
El jurista cree que la represión puede ser útil para enfrentar la violencia, pero sin que eso suponga abusos o irrespeto a los derechos. “No son incompatibles represión y derechos o represión y democracia. La represión en el marco de los derechos es posible si se respeta las garantías”, afirma.
Este argumento no convence a los ministros y funcionarios de Noboa; todo lo contrario. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira asegura que la Corte “está quitando herramientas para enfrentar a las mafias”.
Por su lado, el ministro del Interior, John Reimberg, acusa a los jueces de no conocer la realidad del país y boicotear el trabajo del Gobierno. “Estos jueces impunemente han tumbado estas leyes sin criterio y en contra de los ecuatorianos”, sostiene Reimberg.
Varios miles de kilómetros al norte de Ecuador, el presidente Nayib Bukele logró, en los últimos años, dominar progresivamente todos los otros poderes y los órganos independientes de control. Bukele recibió el empujón más fuerte
cuando la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó a los magistrados principales y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.
A eso le sucedió un régimen de excepción, una reforma a la Constitución, la aprobación de la reelección indefinida sin restricciones y su cercanía con el gobierno de Donald Trump para impulsar la compartida lucha contra el crimen transnacional. El balance de fuerzas y contrapesos en El Salvador está casi pulverizado en la actualidad.
El jurista Farith Simon, considera que la situación de inseguridad entre Ecuador y El Salvador es distinta porque Bukele enfrenta a las pandillas y Noboa combate un fenómeno estructural mucho más amplio y poderoso como el narcotráfico, que ha permeado el Estado. A eso se suman diferencias históricas, geográficas y socioeconómicas entre los dos países. Sin embargo, cree que hay similitudes en el libreto populista, mediático y de mano dura que Noboa lo persigue diariamente.
“La versión autoritaria para enfrentar la delincuencia y el delito es una versión que tiene ahora este reflejo clarísimo en Bukele”, advierte.
José Alvear, por su parte, insiste en que el “show mediático” no puede sostener mucho tiempo la popularidad de Noboa si la gente no logra sentirse más segura en las calles.
“El presidente ha manejado muy bien hasta ahora su estrategia, se mueve muy bien en el factor de las redes sociales, pero en el momento en que no haya un impacto en la gente, eso le va a afectar. Bukele bien o mal, criticado o no, ha vuelto a El Salvador un país seguro para el turista y el ciudadano”, agrega.
Aunque Noboa le dijo a CNN en enero de 2024 que no busca imitar a Bukele y que él es dueño de su propio estilo, las recientes tensiones con la Corte Constitucional retoman las inevitables comparaciones con el libreto de Bukele para echar abajo instituciones que se le opongan. “Noboa se ha dedicado a dejar una percepción de miedo que de efectividad”, dice Alvear.
Su intención se refleja en una de las preguntas propuestas para una consulta popular en la que sugiere que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser enjuiciados políticamente y que la Asamblea pueda destituirlos con apenas una mayoría absoluta de 77 votos (que ya tiene el oficialismo) y no con 101 votos como manda la Constitución para ministros, funcionarios y otras autoridades. La propuesta deberá ser analizada por esa misma Corte que le incomoda al Gobierno.
Diversos organismos y sectores de la sociedad civil se mostraron desconcertados por la arremetida contra la Corte Constitucional, cuyo edificio fue rodeado de policías, militares y hasta una tanqueta blindada estacionada en los exteriores el día de la movilización oficial, según verificó CNN en el lugar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por actos y discursos que puedan amenazar la independencia de la Corte y calificó como “hostigamientos” la colocación de carteles en la vía pública y campañas de desprestigio. Humans Rights Watch, tildó de inaceptables y estigmatizantes los discursos contra el máximo tribunal y responsabilizó al gobierno por no controlar la situación de violencia. Dos relatoras especiales de la ONU pidieron al presidente Noboa abstenerse de convocar a marchas que ejerzan presión contra las instituciones y evitar así la intimidación a los jueces.
A nivel local, asociaciones y colectivos de juristas respaldaron también a la Corte Constitucional en medio de la división de criterios de cientos de ciudadanos que desesperadamente piden paz y más seguridad.
“El miedo es una cosa que se repite históricamente con distintos matices, rostros y responsables. El miedo, la inseguridad, la incertidumbre, es un motor poderoso para que la gente acepte ilegalidades en este falso dilema entre seguridad y derechos”, sostiene Farith Simon.
Por eso señala que aunque las políticas de Bukele sean populares ahora, no podrán sostenerse en el largo plazo si han sobrepasado los límites. Agrega que el gobierno de Rafael Correa provocó también mucha resistencia cuando la mayoría dominante en la Asamblea y otras instituciones profundizó en sus excesos.
“El estado requiere frenos. Cuando los límites desaparecen o se relajan tienden a crecer hasta cuando ya empiezan a excederse siempre”, afirma.
En un intento por reducir las preocupaciones, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, dijo a Radio Centro de Guayaquil, que se está “suponiendo” que el gobierno abusará de sus leyes para afectar los derechos de las personas. Insistió en que el Gobierno tiene una estrategia clara y que no le interesa captar el poder en una dictadura. Sin embargo, Simon insiste en que el Gobierno quiere defender la idea de que los ciudadanos deben confiar en él de “buena fe”.
“Se sienten prevalidos de la lucha contra la inseguridad y el miedo de la gente, sienten que tienen un aval político, un aval social para tomar medidas de todo tipo”, acota.
Ante la marcha contra la Corte, la columnista Thalía Flores, opinó que los ecuatorianos “no salen de su asombro” y que el gobierno de Noboa “en varias decisiones y acciones replica las mismas tomadas por el expresidente Rafael Correa, lo que genera suspicacias, pues resultaría inadmisible que lo haya convertido en referente”, cuestionó.
Durante sus 10 años de gestión, Rafael Correa impulsó la eliminación del Congreso y su remplazo por una Asamblea Nacional, donde logró inclinar la balanza a su favor gracias a una “aplanadora” de votos. Además, se aseguró de tener la mayoría de miembros tanto en el órgano que nombra a los encargados de los organismos de control (incluida la Fiscalía), como en la entidad encargada de nombrar y destituir jueces. De la mano de su monopolio político llegaron también los reportes de excesos y violaciones de derechos, desde represiones callejeras violentas hasta la vigencia de una ley que limitaba la libertad de expresión y condicionaba el trabajo periodístico.
Correa ha rechazado insistentemente estos cuestionamientos a su mandato y hoy califica como “impresentable” la posición de Noboa frente a la Corte Constitucional y responsabiliza al organismo de ser parte de una “tragedia nacional”.
Noboa ganó dos elecciones presidenciales al imponerse a candidatos auspiciados por Correa, con quien intercambia críticas de manera constante en redes sociales. El expresidente Correa vive en Bélgica, alejado de una condena a 8 años de prisión que pesa sobre él desde 2020 por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. Según la Fiscalía, durante esos cuatro años el gobierno montó una estructura criminal de corrupción para recibir aportes indebidos para el movimiento político Alianza País por parte de Odebrecht y otras compañías a cambio de la adjudicación de millonarios contratos.
“Eso es lo que hizo Correa, al que dicen odiar pero lo imitan causando decepción”, publicó la columnista Flores en el medio digital Primicias después de que Noboa apuntara directamente a la Corte, robustecido por su alta popularidad.
En este escenario, el máximo tribunal de control constitucional deberá pronunciarse sobre las preguntas propuestas por Noboa para una consulta popular en el momento más complejo de su relación. Un timing poco convencional en donde la sociedad ecuatoriana clama por la reducción de los índices de violencia en una limitada visión de buenos y malos, de quienes están del lado de la delincuencia o de la paz, entre la democracia y los excesos, o entre el regreso al pasado y el espejismo del éxito la mano dura.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.