El Gobierno de Donald Trump dijo el viernes que no defenderá un programa de subvenciones de décadas de antigüedad para universidades con un gran número de estudiantes hispanos que es impugnado en los tribunales, declarando que el Gobierno considera que el financiamiento es inconstitucional.
En un memorando enviado al Congreso, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dijo que está de acuerdo con una demanda que busca eliminar las subvenciones reservadas para universidades donde al menos una cuarta parte de los estudiantes de pregrado son hispanos. El Congreso creó el programa en 1998 tras determinar que los estudiantes latinos asistían a la universidad y se graduaban a tasas mucho más bajas que los estudiantes blancos.
Funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron que el programa ofrece una ventaja inconstitucional basada en la raza o etnia.
El estado de Tennessee y una organización contraria a la acción afirmativa demandaron al Departamento de Educación de EE.UU. en junio, solicitando a un juez que detuviera el programa de Instituciones al Servicio de los Hispanos. Tennessee argumentó que todas sus universidades públicas atienden a estudiantes hispanos, pero ninguna cumple con el “umbral étnico arbitrario” para ser elegible para las subvenciones. Esas escuelas pierden decenas de millones de dólares debido a requisitos discriminatorios, según la demanda.
El viernes, el Departamento de Justicia publicó una carta en la que el procurador general John Sauer notificó al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que el departamento “ha decidido no defender” el programa, argumentando que ciertos aspectos son inconstitucionales. La carta, con fecha del 25 de julio, citó una decisión de la Corte Suprema de 2023 que afirma que el “equilibrio racial absoluto” es “manifiestamente inconstitucional”.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
Tennessee cuenta con el respaldo en la demanda de Students for Fair Admissions, un grupo legal conservador que desafió con éxito la acción afirmativa en las admisiones en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. Dicha demanda condujo a un fallo de la Corte Suprema en 2023 que prohíbe a las universidades considerar la raza de los estudiantes en las decisiones de admisión.
Edward Blum, presidente de Students for Fair Admissions, dijo el viernes que el grupo no haría comentarios.
Más de 500 universidades están designadas como Instituciones al Servicio de los Hispanos, lo que las hace elegibles para el programa de subvenciones. El Congreso asignó alrededor de US$ 350 millones para el programa en 2024. Las universidades compiten por las subvenciones, que pueden destinarse a diversos usos, incluyendo mejoras de infraestructura y programas científicos.
El expresidente Joe Biden priorizó las universidades al servicio de los hispanos al firmar un decreto el año pasado que prometía una nueva junta asesora presidencial y un aumento del financiamiento. El presidente Donald Trump revocó el decreto en su primer día en el cargo.
Trump está tomando medidas para desmantelar el Departamento de Educación y ha pedido recortes masivos de fondos, pero su solicitud presupuestaria para 2026 mantuvo las subvenciones para universidades al servicio de los hispanos e incluso pidió al Congreso un ligero aumento. Aun así, hay dudas sobre el compromiso de su Gobierno con el financiamiento.
Una asociación nacional de universidades al servicio de los hispanos presentó una moción el mes pasado para intervenir como demandada en la demanda de Tennessee, expresando preocupación de que el Gobierno federal no representaría adecuadamente a los miembros del grupo.
La Asociación Hispana de Colegios y Universidades dijo que la agenda de Trump es “totalmente adversa” a los intereses del grupo, citando el objetivo del presidente de cerrar por completo el Departamento de Educación. El Gobierno “ha manifestado su rechazo a programas como las HSI, que toman en cuenta y buscan corregir la disparidad étnica o racial”, escribió el grupo.
Tennessee y Students for Fair Admissions no se opusieron a la solicitud del grupo para liderar la defensa legal.
A diferencia de las universidades históricamente negras o tribales de indígenas americanos, que reciben sus designaciones en función de su misión, cualquier universidad puede recibir la etiqueta y las subvenciones HSI si la matrícula latina representa al menos el 25 % del alumnado de pregrado.
La lista de HSI incluye campus emblemáticos como la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Arizona, junto con muchos colegios comunitarios e instituciones más pequeñas.
En su presentación ante el tribunal, la asociación nacional argumenta que las subvenciones son constitucionales y contribuyen a la igualdad de oportunidades de sus miembros.
Las universidades del grupo matriculan al 67 % de los estudiantes latinos del país. Sin embargo, estudios revelan que reciben mucho menos financiamiento estatal y federal que otras instituciones. Las universidades al servicio de los hispanos están abiertas a estudiantes de todas las razas; por ejemplo, la asociación señaló a la Universidad Adventista del Sur, una escuela privada en Tennessee cuya población estudiantil es 28 % hispana y 40 % blanca.
El Departamento de Justicia generalmente tiene el deber de defender la Constitución y la legislación federal, pero en raras ocasiones puede negarse a defender leyes que considera inconstitucionales. El Gobierno de Obama lo hizo en 2011 cuando se negó a aplicar la Ley de Defensa del Matrimonio. Durante su primer mandato, Trump hizo lo mismo con la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
El Gobierno de Trump ha luchado para eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión en el Gobierno, la educación y las empresas, argumentando que discriminan a las personas blancas y asiático-estadounidenses.
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