Carlos Lordkipanidse pod\u00eda sentir a su beb\u00e9 reci\u00e9n nacido en el cuerpo. La memoria de su piel en contacto con su pecho, los d\u00e9biles latidos rebotando contra los suyos, la respiraci\u00f3n suave de un reci\u00e9n nacido que no llega al mes de vida. Carlos pod\u00eda sentir el calor de su hijo Rodolfo apoyado en su cuerpo y el contraste con ese cuarto fr\u00edo y h\u00famedo, pero no pod\u00eda abrazarlo. Sus manos, atadas a una cama con tubos neum\u00e1ticos internos de bicicleta no lo dejaban defenderlo ni defenderse de la picana el\u00e9ctrica que le pasaban los uniformados. No ten\u00eda forma de saber cu\u00e1nto de esa electricidad que \u00e9l soportaba le estaba llegando a su hijo.<\/p>\n
\u201cTraigan al beb\u00e9\u201d hab\u00eda dicho unos minutos antes el capit\u00e1n Jorge Eduardo \u201cel Tigre\u201d Acosta, exjefe de Inteligencia del Grupo de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la Marina y uno de los hoy condenados a prisi\u00f3n perpetua por delitos de lesa humanidad en la mega causa ESMA. Carlos pod\u00eda escuchar claramente a Liliana, su pareja, gritando en una habitaci\u00f3n contigua: \u201cEl beb\u00e9 no, el beb\u00e9 no, devu\u00e9lvanmelo\u201d.<\/p>\n
Atado de pies y manos a Carlos le insist\u00edan entre golpes, bastonazos, insultos y amenazas, que \u201ccante\u201d, que colabore con informaci\u00f3n que pudiera servirle a los militares. Carlos se negaba a hablar, pero los gritos de dolor propios y ajenos llenaban el silencio.<\/p>\n
Tras la orden de Acosta, otro de los militares entr\u00f3 al cuarto con su beb\u00e9 en brazos: \u201cSi no cant\u00e1s, le reventamos la cabeza contra el piso\u201d, lo amenazaban. Cansado de su resistencia, Acosta orden\u00f3 que le pusieran a su beb\u00e9 reci\u00e9n nacido en el cuerpo. Cuando lo tuvo encima, el militar empez\u00f3 a pasarle la picana el\u00e9ctrica por los brazos: \u201cYa vamos a ver si ten\u00e9s algo que decir o no\u201d, le repet\u00eda.<\/p>\n
Carlos, que relat\u00f3 su paso por la ESMA a CNN, es uno de los sobrevivientes de la \u00faltima dictadura argentina y uno de los querellantes de la mega causa ESMA, una de las principales causas por la que fueron juzgados 1.117 militares en Argentina. Seg\u00fan sus abogados, en su secuestro habr\u00edan participado al menos 30 efectivos de forma directa, y miles durante su estancia en el edificio militar, pero muchos de ellos podr\u00edan ya no ser identificados por una decisi\u00f3n del Gobierno de Javier Milei.<\/p>\n
En enero de este a\u00f1o se dio a conocer una resoluci\u00f3n en la que la Armada daba permiso de depurar y triturar documentaci\u00f3n de su Archivo General, de cara a una mudanza. A pesar de que las c\u00fapulas militares del per\u00edodo de facto se deshicieron de gran parte del material que comprobaba los delitos llevados adelante por los militares, seg\u00fan confirman los abogados que participaron de los juicios, el archivo conservado tambi\u00e9n ha servido como puntapi\u00e9 para identificar a muchos de los involucrados.<\/p>\n
\u201cLos archivos han tenido la virtud de develar la participaci\u00f3n de algunos funcionarios, ya sea de la Marina, de la Polic\u00eda, que no hab\u00edan sido reconocidos de otra manera. Por ejemplo, ha habido un tramo de la causa en donde fueron imputadas una serie de personas porque apareci\u00f3 un legajo disciplinario que daba cuenta de que hab\u00eda habido un procedimiento, en el que se dedic\u00f3 a saquear dos viviendas en donde previamente hab\u00edan sido secuestradas personas. Eso se obtuvo a partir de los archivos, de otra manera nadie conoc\u00eda la existencia de esa gente\u201d, explica Adri\u00e1n Krmpotic, que junto con Ariel Noli son dos de los abogados que forman parte de la querella de la mega causa ESMA.<\/p>\n
Krmpotic agrega: \u201cEl grueso de la documentaci\u00f3n que verdaderamente hubiera servido para dilucidar qui\u00e9n, c\u00f3mo y cu\u00e1ndo particip\u00f3, ya fue destruida por una Orden general de la Armada previo a las elecciones del 83. Lo que qued\u00f3 es un poco de aquella documentaci\u00f3n que no puede ser destruida porque es necesario consultarla cada vez que un marino debe ascender o cuando solicita un beneficio previsional, etc\u00e9tera\u201d.<\/p>\n
Tal es el caso de Horacio Luis Ferrari, condenado en diciembre pasado a prisi\u00f3n perpetua por cr\u00edmenes de lesa humanidad contra 240 v\u00edctimas en ese centro clandestino que, a trav\u00e9s de documentaci\u00f3n de la Armada como recibos de sueldo, boletines navales y legajos de otros oficiales -entre otros- pudieron certificar su participaci\u00f3n en torturas y desapariciones, seg\u00fan se desprende del fallo que lo juzg\u00f3.<\/p>\n
Cuando Carlos Lordkipanidse se enter\u00f3 de la resoluci\u00f3n de la Armada en la que se habilitaba a depurar y triturar parte del archivo, se contact\u00f3 con sus abogados que presentaron un escrito en la justicia solicitando que intervenga para exigirle al estado medidas de no innovar, es decir, no destruir ning\u00fan archivo.<\/p>\n
Tras el pedido de distintos abogados de v\u00edctimas y familiares, finalmente la justicia dict\u00f3 una medida preventiva para que no se modifique ni se altere la documentaci\u00f3n archivada.<\/p>\n
CNN hizo un pedido de acceso a la informaci\u00f3n para verificar si alg\u00fan documento hab\u00eda sido intervenido desde que se dict\u00f3 la resoluci\u00f3n. Seg\u00fan respondieron desde la Direcci\u00f3n de Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa, ninguna documentaci\u00f3n fue destruida. Sin embargo, los abogados y la querella dudan de los procedimientos internos y exigen una revisi\u00f3n ocular para confirmar la respuesta oficial.<\/p>\n
Ya en 2024, el Ministerio de Defensa hab\u00eda desvinculado parte del Equipo de Relevamiento y An\u00e1lisis encargado de revisar la documentaci\u00f3n para poder dar con los acusados. Sin su trabajo, explican los sobrevivientes, encontrar nuevas pruebas en el archivo es una tarea dif\u00edcil.<\/p>\n
Las organizaciones de familiares de v\u00edctimas y sobrevivientes calculan que en el pa\u00eds funcionaron cerca de 600 centros clandestinos de detenci\u00f3n entre 1976 y 1983, los a\u00f1os que dur\u00f3 la dictadura, por eso los involucrados para que estos operativos funcionen se calculan en decenas de miles. Si se hiciera la cuenta, hoy los militares que han sido juzgados no llegar\u00edan a ser dos por cada centro clandestino.<\/p>\n
Ante la consulta de CNN sobre las inquietudes por las investigaciones que podr\u00edan verse afectadas de avanzar en la destrucci\u00f3n del archivo, vocer\u00eda presidencial no hizo comentarios directos sobre este tema y resalt\u00f3 la postura oficial en la que se cuestiona a los organismos de derechos humanos y el n\u00famero de los 30 mil desaparecidos.<\/p>\n