La Corte Suprema de Estados Unidos acept\u00f3 el lunes estudiar el caso de un rastafari que quiere demandar a los funcionarios de una prisi\u00f3n de Louisiana que le cortaron las rastas mientras estaba encarcelado.<\/p>\n
Este es el caso m\u00e1s reciente relacionado con los derechos religiosos que atrae la atenci\u00f3n del alto tribunal, y podr\u00eda tener implicaciones significativas al permitir a los presos demandar a funcionarios del Gobierno por da\u00f1os y perjuicios cuando sus derechos religiosos se vean afectados por una ley federal promulgada hace 25 a\u00f1os.<\/p>\n
Damon Landor, un devoto rastafari que empez\u00f3 a cumplir una condena de cinco meses de prisi\u00f3n en 2020 por posesi\u00f3n de drogas, hab\u00eda hecho a\u00f1os antes el voto religioso de no cortarse el cabello.<\/p>\n
Su situaci\u00f3n se complic\u00f3 cuando lleg\u00f3 a una nueva prisi\u00f3n semanas antes de su puesta en libertad. Entonces entreg\u00f3 a los funcionarios una copia de la sentencia de un tribunal de apelaci\u00f3n de 2017 que permit\u00eda a los presos llevar rastas. Los guardias la tiraron a la basura. Luego lo esposaron a una silla y le afeitaron la cabeza a la fuerza.<\/p>\n
Tras su puesta en libertad, Landor demand\u00f3 a los funcionarios y guardias de la prisi\u00f3n de Louisiana por da\u00f1os y perjuicios en virtud de una ley de hace d\u00e9cadas que protege los intereses religiosos de los reclusos. Pero los tribunales inferiores desestimaron su caso, dictaminando que la ley no permite a los particulares reclamar da\u00f1os y perjuicios contra los funcionarios de prisiones por supuestas violaciones de la misma aunque, en opini\u00f3n de un tribunal, hab\u00eda sido v\u00edctima de un \u201cgrave agravio legal\u201d.<\/p>\n
El Tribunal de Apelaciones del 5\u00ba Circuito de EE.UU., conservador y con sede en Nueva Orleans, dijo en una decisi\u00f3n un\u00e1nime el a\u00f1o pasado que condenaba \u201cenf\u00e1ticamente\u201d \u201cel trato que Landor soport\u00f3\u201d, pero un precedente anterior del tribunal de apelaciones resolvi\u00f3 el caso en su contra. El pleno del 5\u00ba Circuito estuvo dividido sobre si deb\u00eda o no juzgar el caso.<\/p>\n
El presidente Bill Clinton firm\u00f3 en 2000 la ley bipartidista que protege los intereses religiosos de los presos estatales, pero no est\u00e1 claro si esa ley permite a las personas que fueron perjudicadas demandar por da\u00f1os monetarios. La Corte Suprema dictamin\u00f3 en 2020 que una ley similar con un lenguaje casi id\u00e9ntico permite a las personas cuyos derechos religiosos se han visto gravados reclamar da\u00f1os y perjuicios contra funcionarios del Gobierno que act\u00faen a t\u00edtulo individual.<\/p>\n
\u201cSin un recurso por da\u00f1os y perjuicios\u201d, dijeron los abogados de Landor a los jueces en documentos judiciales, los reclusos \u201ca menudo se quedar\u00e1n sin una protecci\u00f3n significativa para su ejercicio religioso\u201d.<\/p>\n
En otras palabras, una vez que le afeitaron la cabeza a Landor, la \u00fanica forma que tiene de obtener alg\u00fan remedio legal es a trav\u00e9s de una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios.<\/p>\n
\u201cLa norma de no indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios garantiz\u00f3 que los funcionarios demandados no tuvieran que responder por violar los derechos religiosos de un preso cuya puesta en libertad estaba prevista para dentro de solo tres semanas e impidi\u00f3 que obtuviera reparaci\u00f3n alguna por los abusos sufridos\u201d, afirmaron sus abogados.<\/p>\n
Los abogados de los funcionarios del estado de Louisiana instaron al tribunal a no admitir el caso argumentando, entre otras cosas, que Landor pod\u00eda presentar sus demandas en virtud de la legislaci\u00f3n estatal. Tambi\u00e9n dijeron a los jueces que permitir que la demanda siguiera adelante podr\u00eda obstaculizar la capacidad del estado para contratar personal en sus prisiones.<\/p>\n
Ponerse del lado de Landor, dijeron al tribunal, \u201ccasi con toda seguridad agravar\u00eda el problema al reducir los niveles de personal y disuadir a los solicitantes de empleo\u201d.<\/p>\n
\u201cEsto, a su vez, conducir\u00eda inevitablemente a peores condiciones penitenciarias y quiz\u00e1 a una menor protecci\u00f3n de la libertad religiosa, en momentos en que las c\u00e1rceles con poco personal intentan sobrevivir al aumento de la poblaci\u00f3n reclusa\u201d, a\u00f1adieron. \u201cNadie gana en esa situaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
La administraci\u00f3n de Trump, por su parte, hab\u00eda pedido a los jueces que se ocuparan del asunto. El procurador general D. John Sauer dijo al tribunal en mayo que el gobierno federal tiene un inter\u00e9s \u201cen garantizar que las prisiones u otras instituciones que reciben fondos federales no obstaculicen sustancialmente el ejercicio religioso, y la responsabilidad por da\u00f1os est\u00e1 estrechamente relacionada con ese inter\u00e9s\u201d.<\/p>\n
The-CNN-Wire
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