El Gobierno de Trump produjo una opinión legal clasificada que justifica ataques letales contra una lista secreta y amplia de cárteles y presuntos traficantes de drogas, según varias personas familiarizadas con el asunto.
La opinión, que fue elaborada por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés) y que no se había reportado anteriormente, sostiene que el presidente puede autorizar el uso de fuerza letal contra una amplia gama de cárteles porque representan una amenaza inminente para los estadounidenses. La lista de cárteles va más allá de aquellos que la administración ha designado públicamente como organizaciones terroristas, dijeron las personas familiarizadas con la opinión.
La opinión es significativa, dijeron expertos legales, porque parece justificar una guerra indefinida contra una lista secreta de grupos, dando al presidente el poder de designar a los narcotraficantes como combatientes enemigos y permitir que sean ejecutados sumariamente sin revisión legal. Históricamente, los involucrados en el tráfico de drogas eran considerados criminales con derechos al debido proceso, con la Guardia Costera interceptando embarcaciones de tráfico de drogas y arrestando a los contrabandistas.
“Según esta lógica, ante cualquier grupo pequeño, mediano o grande que esté traficando drogas hacia EE.UU., la administración podría afirmar que equivale a un ataque contra Estados Unidos y responder con fuerza letal”, dijo un exabogado del Pentágono a quien le describieron la opinión.
El memorando del Departamento de Defensa a los legisladores la semana pasada, que describía la base legal para una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe (el cual argumentaba que EE.UU. está en un “conflicto armado” con los cárteles, y decía que el presidente ha determinado que los contrabandistas de los cárteles son “combatientes ilegales”) se apoyó fuertemente en la opinión de la OLC, dijeron fuentes. Los legisladores han solicitado repetidamente al Departamento de Justicia y al de Defensa una copia de la opinión legal, incluso tan recientemente como la semana pasada, pero hasta ahora las agencias no la han proporcionado al Congreso, dijeron las fuentes.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios cuando se le preguntó sobre la opinión de la OLC. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, tiene previsto testificar en el Capitolio el martes, donde probablemente enfrentará preguntas de los legisladores sobre la justificación legal del Gobierno de Trump para realizar ataques letales contra supuestas embarcaciones de drogas y presuntos miembros de cárteles en el Caribe.
Hasta la fecha, las fuerzas armadas de EE.UU. han realizado al menos cuatro ataques contra embarcaciones que operan en el Caribe, matando a personas que el Gobierno de Trump afirma están “afiliadas” con cárteles de drogas que han sido designados como organizaciones terroristas en los últimos meses.
El ataque más reciente se realizó la semana pasada, matando a cuatro personas a bordo de la embarcación, según una publicación en redes sociales del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
En el Pentágono, algunos abogados militares, incluidos expertos en derecho internacional dentro de la Oficina del Asesor General del Departamento de Defensa, han expresado su preocupación sobre la legalidad de los ataques letales contra presuntos narcotraficantes, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.
Varios abogados militares en funciones y retirados, miembros del cuerpo de abogados generales del Ejército, dijeron a CNN que los ataques no parecen legales.
Los abogados del Pentágono, incluso si tienen preocupaciones, no pueden anular la opinión de la OLC, que es la interpretación legal predominante del poder ejecutivo. Muchos abogados del Departamento de Defensa también son reacios a disentir abiertamente, dijeron a CNN tres abogados militares en funciones.
“La manera de proceder es simplemente aceptarlo, bajar la cabeza y actuar de acuerdo con las nuevas políticas de Hegseth,” dijo uno. “Ningún abogado militar está tratando de causar problemas o llamar la atención”.
La opinión del Departamento de Justicia constituye una parte clave de la campaña intensificada de la administración contra los cárteles de drogas latinoamericanos, que también incluye la ampliación de las autoridades de la CIA para llevar a cabo acciones letales y realizar operaciones encubiertas en la región, dijeron a CNN dos personas familiarizadas con el asunto. El presidente Donald Trump actualizó las autoridades de la CIA aproximadamente al mismo tiempo que firmó una directiva secreta ordenando a las fuerzas armadas comenzar a atacar a los cárteles de drogas latinoamericanos a principios de este verano, según las fuentes.
CNN informó en abril que la CIA había comenzado a revisar sus autoridades para usar fuerza letal contra los cárteles de drogas en México y más allá, mientras el Gobierno de Trump avanzaba para convertir la lucha contra los cárteles en una prioridad principal para la agencia de inteligencia. La CIA también ya está volando drones de vigilancia que son capaces de estar armados sobre México.
Un ex alto funcionario de inteligencia dijo a CNN que existe una directiva presidencial, conocida como un “finding” (hallazgo), para la acción encubierta de la CIA relacionada con la misión antinarcóticos que data de la década de 1980. Sin embargo, ese hallazgo se considera en gran medida “abierto” en cuanto a la definición de las acciones que la CIA puede tomar, agregó el exfuncionario, señalando que ha sido objeto de un debate significativo dentro de la administración desde que comenzó el segundo mandato de Trump.
La administración había estado trabajando para actualizar ese hallazgo a fin de proporcionar mayor claridad a la CIA sobre las acciones específicas que la agencia debe tomar en la región para avanzar en la campaña de Trump contra los cárteles, dijo el exfuncionario.
Sin embargo, la expansión de las autoridades de la CIA para incluir el uso letal contra actores de cárteles también está plagada de riesgos. En América Latina, hay, comparativamente, muchos más ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, personas que podrían tener legitimidad para demandar al Gobierno de Estados Unidos si resultan perjudicadas. Y ese es un problema novedoso para la CIA, según ha informado CNN.
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