En medio del cierre del Gobierno, un pasillo en una corte migratoria no ha cesado de funcionar como escenario del miedo y la presión en el marco de la ofensiva de la administración de Trump, que busca acelerar cada vez más las deportaciones.
Se trata del 26 Federal Plaza, en el bajo Manhattan, que alberga una de las pocas cortes de inmigración públicas del país.
Allí, ciudadanos, periodistas y decenas de agentes de ICE armados y enmascarados se concentran entre sus muros grises y pasillos estrechos, mientras que inmigrantes y sus familias esperan con ansias conocer su destino. Un destino que, cada vez con más frecuencia, termina con su detención.
Mientras que Washington sigue prácticamente paralizada por el cierre del Gobierno, la aplicación de las leyes de inmigración es la gran excepción.
El Departamento de Seguridad Nacional declaró esenciales a todos los empleados del sistema migratorio: desde los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza, hasta los jueces, secretarios y personal administrativo de las cortes de inmigración.
En otros cierres de Gobierno, las audiencias solían limitarse solo a los detenidos, pero esta vez las cortes siguen abiertas y operando con relativa normalidad.
Basta con entrar al lugar, como lo he hecho en varias ocasiones, para sentir el peso de la tensión que genera. Se ve en la cantidad de agentes de ICE- rostros tapados, sin insignias, sin nombres visible- acechando frente a las salas del tribunal. Se siente en el silencio inquieto de los inmigrantes que se dirigen a sus audiencias y se percibe en los pasos apresurados de quienes logran abandonar la corte.
Afuera de las salas, los agentes se alinean y esperan, preparados para hacer cualquier arresto. Adentro, los inmigrantes hacen exactamente lo que la ley les exige: presentarse y argumentar sus casos ante un juez, conscientes de que al cruzar nuevamente esa puerta sus vidas podrían cambiar en un segundo.
Al salir, con papeles en mano y respiración contenida, son detenidos. Los agentes le piden revisar sus documentos. Hay preocupación y temor en sus rostros. Son segundos que parecen eternos.
Finalmente llega una decisión. A algunos los dejan ir y su alivio es palpable. Madres toman a sus hijos, padres abrazan a sus esposas y se dirigen rápidamente hacia la salida, como quienes acaban de sobrevivir un día más.
Otros no tienen la misma suerte. Si un caso es desestimado o marcado para deportación, su arresto es inmediato. Ahí mismo en ese pasillo, sin darles tiempo para despedirse de su familia, son rodeados por los agentes, esposados y escoltados a un centro de detención temporal que queda en el mismo edificio.
En los últimos meses se han registrado un gran número de casos de inmigrantes detenidos justo al salir de sus audiencias, varios de ellos de manera violenta. Estos episodios, documentados por medios internacionales y grupos de defensa, han convertido al 26 Federal Plaza en símbolo de una política migratoria cada vez más agresiva y cuestionada.
“Es un lugar donde el pánico, el miedo y el terror están instalados”, dijo el Padre Fabián Arias, activista proinmigrante, que acompaña a familias cada semana. “Nuestra comunidad ya no quiere venir. Muchos tienen tanto miedo que prefieren no presentarse.”
El miedo no es infundado. Incluso para mí, una periodista acostumbrada a cubrir cortes y procedimientos judiciales, el ambiente puede ser sofocante y a veces, intimidante. Algunos periodistas también han sido agredidos por los agentes de ICE por, según el Departamento de Seguridad Nacional, acercase de manera agresiva a ellos, aunque videos del incidente parecen contradecir esa versión.
Lo cierto es que el 26 Federal Plaza no es solo una dirección ni una corte: es una pieza clave en los planes de deportación masiva del Gobierno de Trump. Un lugar donde el miedo y la incertidumbre se respiran como el aire.
Aquí, el sistema migratorio no duerme, incluso en medio de un cierre del Gobierno. Las audiencias no se detienen, los arrestos continúan y las deportaciones avanzan sin pausa ni restricciones.
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