DACA ha protegido a más de 800 mil jóvenes desde 2012, sin embargo la incertidumbre y el miedo a la deportación también continúan.
(NOTICIAS YA).-Creado bajo el gobierno de Barack Obama, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) ha protegido durante 10 años a más de 800,000 jóvenes, de acuerdo a un informe elaborado por United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de “dreamers” en Estados Unidos.
Dicho programa humanitario, otorga un amparo de deportación y un permiso temporal de trabajo, renovable cada dos años, a migrantes indocumentados que ingresaron a territorio norteamericano, debido a que en su país de origen se muestran limitadas las oportunidades de desarrollo. Barack Obama dijo en su momento que los niños (migrantes) no habían decidido llegar a este país, por ello debían ser protegidos.
Estos jóvenes, actualmente se encuentran sumergidos en una especie de “limbo” migratorio y se enfrentan de manera recurrente a la incertidumbre y preocupación sobre la inestabilidad de este apoyo.
El programa iniciado en 2012 ha enfrentado varios desafíos en tribunales, incluso llegó a la Corte Suprema cuando el presidente Donald Trump intentó terminarlo, pero los jueces no tomaron una decisión en firme y dejaron a otros tribunales menores el futuro de los ‘dreamers’.
Un reciente golpe ocurrió el 16 de julio de 2021, cuando el juez federal Andrew Hanen, consideró que la Administración Obama había violado la ley de procedimientos administrativos al establecer esta protección migratoria.
Aunque dejó que el programa continuara, el juez Hanen prohibió nuevas aplicaciones de protección ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), afectando a casi 80 mil posibles beneficiarios.
En la actualidad, la Administración del presidente Joe Biden presentó una nueva propuesta para mantener DACA, pero también podría enfrentar desafíos legales. Los detractores alegan que el programa utiliza recursos estatales para educación y salud, y viola la ley federal de inmigración.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, se prepara para escuchar, el 6 de julio, la apelación de la orden de un juez federal que bloqueó las nuevas solicitudes de DACA. Este fallo judicial, ocurrido en julio del 2021, redujo aún más la cantidad de estudiantes que podían evitar la deportación y tener un permiso de trabajo.
Según un reporte de Fwrd.us, una coalición que presiona para lograr el camino a la ciudadanía de estos inmigrantes, el 99% de los beneficiarios de DACA se ha graduado de escuela secundaria a la par que han aumentado sus ingresos más de cinco veces.
Además, según la misma fuente, alrededor de 100 mil jóvenes indocumentados se graduarán de la escuela secundaria en el 2022. De estos, solo una cuarta parte sería elegible para DACA.
Sin embargo, a pesar de que este beneficio ofrece un permiso de trabajo y la posibilidad de tener una licencia de conducir, los “soñadores” no pueden viajar fuera del país, e ingresar a la universidad podría llegar a ser más costoso.
Estados como Carolina del Norte se resisten a aprobar leyes de matrículas universitarias igualitarias, por lo que muchos graduados indocumentados tampoco podrán formarse profesionalmente.
Si el Congreso no aprueba una reforma migratoria, la mayoría de los graduados indocumentados no podrán ingresar legalmente a la fuerza laboral; incluso si el programa estuviera abierto para nuevos solicitantes. Un arma de doble filo que podría precisamente, detener muchos “sueños”.
Por otro lado, los “soñadores” pagan anualmente $5.7 mil millones en impuestos federales y $3.1 mil millones en impuestos estatales y locales, además durante los momentos más complicados de la pandemia del coronavirus, miles de inmigrantes fueron trabajadores esenciales, incluidos ‘dreamers’.
Según un reporte del Center for American Progress (CAP, en inglés), 202 mil receptores de DACA y 131 mil 300 extranjeros adscritos al Estado de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Haití y Honduras, fueron trabajadores esenciales en colegios, supermercados, granjas y otros servicios.
La edad promedio de los beneficiarios es de 28 años y el 85% son parte de la fuerza laboral, sin embargo, la incertidumbre y el miedo a la deportación no se van.