Maine es un estado en el que la mitad de sus distritos escolares no cuentan con escuelas secundarias públicas.
(NOTICIAS YA).- La Corte Suprema de los Estados Unidos mencionó el martes que el estado de Maine no puede descartar a las escuela religiosas de los programas estatales que proporcionan dinero para la matrícula de escuelas públicas.
La votación quedó 6-3 con el desacuerdo de los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett fueron los jueces que tuvieron voto a favor con el que se permite el financiamiento de los contribuyentes para escuelas religiosas.
Maine es un estado en el que la mitad de sus distritos escolares no cuentan con escuelas secundarias públicas, por lo que contratan escuelas secundarias cercanas en otros distritos. El estado pagaba el costo promedio de la matrícula de los estudiantes que solo estaban en escuelas privadas no religiosas, pero ahora con esta decisión de la Corte Suprema, Maine tendrá que cubrir el costo de las matrículas de los estudiantes que asisten a escuelas religiosas.
“Un programa de beneficios neutral en el que los fondos públicos fluyen hacia las organizaciones religiosas a través de las elecciones independientes de los beneficiarios de beneficios privados no ofende la Cláusula de Establecimiento”, mencionó el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
La Suprema Corte dijo que el sistema que tenía implementado Maine era inconstitucional, ya que de acuerdo con el tribunal, la disposición de la Primera Enmienda que garantiza el libre ejercicio de la religión requiere imparcialidad hacia la religión, algo que no mostraba el sistema de Maine al pagar la matrícula de aquellos estudiantes que no iban a escuelas religiosas.
Sotomayor comentó al respecto que “Como resultado, en solo unos años, la Corte ha cambiado la doctrina constitucional, cambiando de una regla que permite a los estados negarse a financiar organizaciones religiosas a una que requiere que los estados en muchas circunstancias subsidien el adoctrinamiento religioso con dólares de los contribuyentes”.
El caso arribó a la corte después de que un grupo de padres en Maine declararon que el programa de matrícula infringía su libertad religiosa.