Ya son más de una decena de encuentros, con el acompañamiento de diversos países, y propuestas e intentos de negociar entre dos liderazgos con visiones diferentes sobre un mismo país: Venezuela.
Y aunque se han sentado en la misma mesa en múltiples ocasiones, hasta ahora no han logrado solucionar el prolongado conflicto político en el país.
Desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013, se han planteado diferentes mecanismos de diálogo y negociación, aunque en la mayoría de los casos sin resultados significativos. En reiteradas ocasiones se han trazado puentes para enfrentar la crisis política venezolana, generalmente previo a la realización de elecciones nacionales o en el marco de protestas.
Luego de la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, en abril hubo unas elecciones reñidas, tras lo cual Maduro asumió el poder, en medio de denuncias de fraude por parte del candidato opositor Henrique Capriles.
Maduro enfrentó sus primeras protestas antigubernamentales antes de cumplir un año en el poder, en 2014, que derivaron en el primero de muchos intentos de encontrar una salida pacífica y consensuada entre los venezolanos. Las manifestaciones y la represión dejaron 43 fallecidos, entre ellos 10 agentes de Seguridad del Estado, y más de 800 heridos, según el Ministerio Público.
En febrero de 2014, los principales líderes de los partidos políticos venezolanos fueron citados por el propio Maduro al Palacio Presidencial de Miraflores para una “Conferencia Nacional por la Paz”. Desde allí se realizó una ronda de conversaciones que fue televisada.
No todos los partidos políticos opositores asistieron a esta mesa de diálogo, a la que también estaban convocados otros sectores de la sociedad, y en la que se planteó la creación de una Comisión de la Verdad, con cinco diputados del oficialismo y cinco de la oposición, que no dio los resultados esperados.
En diciembre de 2015, la oposición obtuvo un triunfo en las elecciones legislativas y se reavivaron las tensiones: en los años siguientes la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, se enfrentaría al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia, controlados por el Gobierno.
En 2016, llega un nuevo diálogo entre la oposición y el Gobierno, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de Justicia , organismo bajo influencia del oficialismo (controlado por el oficialismo), de una solicitud de referéndum revocatorio contra el mandatario venezolano que impulsaban fuerzas opositoras.
El Vaticano, con la mediación del papa Francisco, entraría como el primer actor internacional en intentar mediar. Otros participantes serían el expresidente de Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández y el expresidente Manuel Torrijos de Panamá, quienes acompañaban el proceso también como mediadores, quienes formaban parte de una comisión y contaban con el apoyo de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur).
Se escogió la isla de Margarita y se fijó la fecha del 30 de octubre para el encuentro, pero no participaron todos los partidos opositores.
Se realizaron dos reuniones en las que se establecieron algunas mesas de trabajo; entre las peticiones estaban el respeto a las atribuciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y las liberaciones de presos políticos. Luego de varias semanas sin avances significativos, la oposición se retiró del proceso argumentando que solo hablaría con los mediadores. El proceso se extendería hasta inicios de 2017, sin frutos.
A finales de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia despojó de poder a la Asamblea Nacional y asumió sus funciones luego de haberla declarado anteriormente en desacato por presunto incumplimiento de sus sentencias, lo que provocaría una nueva crisis política. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que se trató de un “golpe de Estado”.
En abril, comenzó una nueva ola de protestas antigubernamentales que, según la ONG Observatorio de Conflictividad Social, dejaron más de un centenar de fallecidos entre abril y agosto. Los manifestantes demandaban elecciones regionales y la salida de Maduro.
En medio de las protestas, en mayo de 2017 Nicolás Maduro llamó a una Asamblea Constituyente, que asumiría funciones legislativas en detrimento de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en agosto de ese mismo año. La oposición la consideró un “fraude constitucional”.
En diciembre de 2017, comenzó un nuevo proceso de diálogo, esta vez fuera de Venezuela. Representantes del chavismo y de la oposición nuevamente cara a cara, ahora en la República Dominicana.
El proceso se extendió durante tres meses y se incorporaron países garantes como Bolivia, Chile, México, Nicaragua y Paraguay, así como al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Por el Gobierno de Venezuela, el jefe negociador, el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y por la oposición, el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
El punto central de la discusión fue la convocatoria a elecciones presidenciales por la Asamblea Constituyente. La oposición argumentaba que se trataba de un proceso fraudulento y que no contaba con garantías para participar.
En febrero de 2018, el entonces presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, anunció que el Gobierno de Venezuela se retiraba de la mesa de diálogo y que el proceso entraba en un receso indefinido.
Maduro fue declarado ganador de las elecciones de mayo de ese año, sin la participación de la mayor coalición opositora, lo que iniciaría un nuevo ciclo de conflictividad en el país. La Asamblea Nacional no reconoció los resultados y declaró usurpador a Maduro.
En enero de 2019, el presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos y más de 60 naciones, aunque sin poder real dentro de su país, se juramentó como presidente encargado de Venezuela.
En febrero de 2019, los gobiernos de México y Uruguay celebraron una conferencia en Montevideo, en la que crearon el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela (GCI), con la participación de otros 11 países y de la representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. Esta iniciativa fue rechazada por Guaidó.
Tras un fallido llamado de alzamiento militar en abril, se reactivan los intentos de negociación, pero esta vez, bajo los auspicios de un país experto en negociaciones, Noruega.
Luego de este evento, las partes intentaron una nueva negociación, esta vez bajo el auspicio de Noruega y que se realizaría en la isla caribeña de Barbados. En mayo de 2019 se produjo un acercamiento en Oslo y, luego, en julio, llegaron las dos delegaciones a Barbados.
Como representantes del gobierno, nuevamente el jefe negociador Jorge Rodríguez, acompañado por otros representantes del chavismo. Por parte de la oposición estuvieron el exdiputado Gerardo Blyde y otros parlamentarios opositores.
Se realizaron siete rondas formales de negociación y el proceso quedó en suspenso. En las reuniones se centraron en cinco puntos, entre ellos el levantamiento de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a Venezuela y la celebración de elecciones con garantías para que fueran libres y transparentes.
En septiembre de 2019, estas conversaciones se suspendieron debido a la falta de avances. La oposición dijo que no existían garantías para una elección presidencial competitiva.
Algunos sectores de la oposición, como el liderado por María Corina Machado, incluso se opusieron desde el comienzo. “Esta tiranía no va a salir con métodos convencionales porque es un secuestro”, dijo entonces la opositora.
Tras el fracaso de las conversaciones de Barbados, el Gobierno de Venezuela planteó su propio proceso de diálogo, esta vez con partidos opositores de mucha menor representación, fuera de la máxima coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Esta iniciativa fue local y no registró acompañantes extranjeros. El gobierno avanzó acuerdos solo con las coaliciones minoritarias, una iniciativa criticada por la ausencia de los líderes políticos que hasta ese momento habían participado en las conversaciones. Un proceso sin avances significativos, al no contar con el respaldo de las organizaciones políticas de Venezuela al materializarse una división de la oposición.
No es sino hasta agosto de 2021, cuando se inicia un proceso de diálogo después de la interrupción por la pandemia de covid-19, nuevamente organizado por Noruega. Se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la oposición y el Gobierno de Venezuela en la Ciudad de México, en el que se sentaron las bases para el nuevo intento de acercamiento.
El diálogo será un “proceso largo y complejo”, aseguró la oposición en septiembre de 2021, en un primer encuentro.
Los primeros puntos centrales acordados:
1. “Acuerdo para la Ratificación y Defensa de Venezuela sobre la soberanía de la Guayana Esequiba”.
2. “Acuerdo parcial para la Protección social del Pueblo Venezolano”, dedicado a la atención de temas como la salud y la alimentación.
Por parte del Gobierno firmaron Jorge Rodríguez, Francisco Torrealba, Héctor Rodríguez, Nicolás Maduro Guerra, Diva Guzmán, Jennifer Carvertt, William Castillo, Larry Devoe y Gabriela Jiménez. Y por la oposición: Gerardo Blyde, Freddy Guevera, Tomás Guanipa, Stalin González, Roberto Enríquez, Claudia Nikken, Mariela Magallanes, Luis Emilio Rondón, Luis Aquiles Moreno.
Se dieron tres rondas formales sin avances significativos, que luego, en octubre de 2021, se suspendieron debido a la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, acusado de blanqueo de capitales. Saab, un hombre cercano al presidente Maduro, fue procesado judicialmente ante una corte federal en Miami.
Una vez más, María Corina Machado estuvo entre los opositores que rechazaron el diálogo, en este caso en México. “Nada distinto al desmontaje de la tiranía va a detener el sufrimiento de nuestra gente”, aseguró la opositora.
Tras siete meses de pausa, en mayo de 2022, los jefes negociadores Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde aparecieron en una fotografía en la que dijeron que estaban avanzando para sentarse a conversar.
No es sino hasta octubre de 2023, tras un año en suspenso, que ambas delegaciones vuelven a estar en Bridgetown, Barbados. Esa primera ronda resolvió solicitar la liberación de un fondo que, según el chavismo, asciende a US$ 3.000 millones que estaban congelados por el sistema financiero internacional, para usarse en ayuda humanitaria bajo supervisión de la ONU.
Se redactó y firmó el acuerdo de Barbados, que sentó las bases de una ruta para realizar elecciones presidenciales libres y transparentes en 2024, con un procedimiento para levantar inhabilitaciones políticas. Aunque Estados Unidos no formaba parte del acuerdo, el Departamento de Estado apoyó su contenido y levantó algunas sanciones comerciales.
En paralelo, se realizó un segundo canje de presos entre Estados Unidos y Venezuela. En diciembre de 2023, Washington anunció la liberación de Alex Saab y el retorno de 10 ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en cuarteles venezolanos y quienes, según la Casa Blanca, estaban tras las rejas injustamente. Todo esto apuntaba a avances hacia una solución negociada.
En enero de 2024, Maduro dijo que los Acuerdos de Barbados están “heridos de muerte” tras denunciar supuestos planes de magnicidio contra él —sin presentar prueba alguna—, con lo que dio por terminada la iniciativa de varios meses.
Por su parte, la oposición denunció que el pacto fue violado cuando se ratificó la inhabilitación política contra candidatos de la oposición, entre ellos la exdiputada María Corina Machado, quien había ganado las primarias opositoras de octubre. También dijeron que no se ofrecieron las condiciones para realizar elecciones equitativas.
Tras los comicios de julio de 2024, la oposición denunció que Nicolás Maduro, proclamado ganador sin que las autoridades presentaran resultados detallados, había cometido fraude en perjuicio del candidato Edmundo González.
Luego de los fallidos acuerdos de Barbados y las elecciones de 2024 no hubo otra iniciativa de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición. Muchos de los líderes opositores, como Edmundo González y Julio Borges, están ahora en el exilio o en la clandestinidad, como María Corina Machado.
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