La administración Trump vive en un estado de terror perpetuo, tanto exterior como interior.
Alex Pretti y Renee Good, las dos personas que murieron por disparos de agentes federales en incidentes separados en Minneapolis este mes, fueron etiquetadas como “terroristas internos” por personas como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller.
Los videos de ambas muertes han complicado la versión de los hechos dada por el Gobierno.
Pero la idea de que los altos cargos del ejecutivo federal ven las protestas como terrorismo interno impregna el segundo mandato del presidente Donald Trump.
“Tenemos una pequeña y agradable base de datos, y ahora se te considera un terrorista interno”, le advierte un agente enmascarado a un observador de ICE en otro video de este año, esta vez filmado en Portland, Maine.
El DHS intentó corregir al agente con una declaración a CNN: “No existe ninguna base de datos de terroristas internos administrada por el DHS”.
Esto plantea otra pregunta: ¿Existe una base de datos administrada por otra persona?
El lenguaje del “terrorismo” fue ligeramente diferente, pero el mensaje fue exactamente el mismo en septiembre pasado cuando Trump anunció que enviaría recursos federales a Portland, Oregon, para, como decía el comunicado oficial de la Casa Blanca, “aplastar el terrorismo violento de la izquierda radical…”
La medida provocó más protestas en Portland, pero los tribunales finalmente rechazaron el plan de Trump de desplegar la Guardia Nacional en Portland y otras ciudades.
Al principio del mandato de Trump, fueron los vándalos que atacaron a los concesionarios de Tesla los que fueron tildados de terroristas internos por la administración.
En cada caso, Trump o sus asesores han sugerido que los “terroristas” están respaldados por una camarilla organizada, pero nunca han aportado pruebas.
La administración también ha utilizado creativamente la palabra “terrorismo” en asuntos exteriores.
Presuntos barcos cargados de drogas son destruidos como parte de la guerra de Trump contra los narcoterroristas.
La ejecución extrajudicial de las personas a bordo de los barcos busca integrar las responsabilidades de seguridad nacional de la administración Trump con el sistema judicial de una manera que muchos expertos dudan de su legalidad.
El presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro fue capturado por las Fuerzas Especiales de EE.UU., en parte para someterlo a la justicia estadounidense.
Maduro y su esposa se encuentran actualmente en prisión en Nueva York a la espera de juicio por, entre otras cosas, presunta participación en una conspiración narcoterrorista con cárteles de la droga, según el Departamento de Estado, que ofrecía una recompensa de US$ 50 millones por su captura.
Sin embargo, lejos de rechazar a cualquiera que tenga vínculos con Maduro, Estados Unidos ahora está trabajando con la que fue su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
El senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, manifestó al Secretario de Estado Marco Rubio durante una audiencia en el Capitolio el martes que la administración está perdiendo su credibilidad con la palabra terrorismo.
“No confío en esta administración ni en cómo usa términos como ‘terrorista’”, señaló Booker. “Los he visto llamar ‘terroristas internos’ a ciudadanos estadounidenses, que son personas que intentan protestar pacíficamente”.
La administración Trump sigue usando la palabra de una forma que resultará más convencional para la mayoría de los estadounidenses. Cuando Trump ordenó ataques aéreos en Nigeria el día de Navidad, indicó que era para proteger a los cristianos de ese país de los terroristas islámicos.
Según Juliette Kayyem, exfuncionaria del DHS y analista sénior de seguridad nacional de CNN, aplicar el término “terrorista” en todas partes lo debilita.
“Están usando el término terrorista para definir básicamente a cualquier grupo de personas que los critiquen”, manifestó sobre la administración de Trump.
Existe una definición específica de terrorismo en la legislación estadounidense. Esta incluye actos que ponen en peligro la vida o violan las leyes para intimidar o coaccionar a la población civil o al Gobierno.
Incluso Todd Blanche, el segundo funcionario más importante del Departamento de Justicia de Trump, reconoció que el término legal no parece aplicarse a alguien como Pretti.
“No creo que nadie piense que estaban comparando lo ocurrido el sábado con la definición legal de terrorismo interno”, declaró Blanche el lunes en Fox News. “Lo que presenciamos fue un altercado muy violento, y no voy a prejuzgar los hechos”.
Además de la definición legal, la palabra es importante social y políticamente, señaló Kayyem.
“Es una forma de marcar cierta actividad como inmoral e ilegítima, y queremos reservar eso para las personas que son verdaderos terroristas, que atacan a poblaciones civiles con violencia o amenazan con violencia”, añadió.
Si alguien que no está de acuerdo con la administración se convierte en un terrorista de algún tipo, eso va en contra de la Primera Enmienda, que se supone protege la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La principal legisladora de la Cámara de Representantes de Minnesota, la demócrata Melissa Hortman, murió junto con su esposo por disparos de un hombre armado el año pasado.
El activista conservador Charlie Kirk fue asesinado en un campus universitario de Utah. Ninguno de los dos tiroteos se ha atribuido a un grupo organizado, pero ambos sugieren una era de violencia política.
A la representante Ilhan Omar, demócrata del área de Minneapolis, quien es blanco frecuente de teorías conspirativas e insultos por parte de Trump —quien la ha calificado a ella y a otros somalíes estadounidenses de “basura”— le rociaron lo que ahora se cree que es vinagre de sidra de manzana en un evento el martes por la noche. Omar salió ilesa del incidente.
En el evento del martes, Omar también hizo referencia al concepto de terrorismo, vinculado a los agentes de ICE, que se han convertido en una presencia importante y han desatado la violencia en su ciudad.
Según el informe de CNN, Omar condenó las tácticas “aterrorizadoras” y las acciones “imprudentes e ilegales” de los agentes federales de inmigración, al tiempo que les dijo a los asistentes al evento que la represión inmigratoria de la administración Trump en las Ciudades Gemelas -Minneapolis–Saint Paul- es contraria “al EE.UU. que amamos”.
Kayyem teme que un legado de esta era política sea que la amenaza de violencia “se convierta en una extensión del desacuerdo político”.
Es difícil no ver cómo ese miedo se apodera de los gritos que estallan en los cabildos públicos celebrados por los cada vez más escasos legisladores que responden preguntas públicas de sus electores.
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