El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado oficialista Jorge Rodríguez, anunció este jueves una revisión de la Ley contra el Odio, una norma vigente en el país desde 2017 y que, entre otras medidas, establece que se podrá revocar la inscripción de los partidos y organizaciones políticas que, a juicio del Estado, promuevan el “fascismo, la intolerancia y el odio nacional”.
Rodríguez hizo el anuncio durante la segunda discusión de la Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que contempla otorgar ese beneficio legal a personas acusadas de ilícitos relacionados con hechos políticos ocurridos desde 2002.
En ese contexto, Rodríguez —hermano de la mandataria interina— reconoció que hay casos en los que ha habido una “mala utilización” de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacifica y la Tolerancia (conocido como Ley contra el Odio), por lo cual debe ser revisada y eventualmente reformada.
“(Hay) una ley que nosotros consideramos que es una ley muy útil, que es la Ley contra el Odio por la Convivencia Democrática. El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional, pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la Ley contra el Odio, eso es verdad y tiene que ser corregido”, dijo el diputado.
“¿Quién lo va a corregir? El programa por la convivencia democrática y también la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía”, añadió, momentos antes de que la propia Ley de Amnistía fuera aprobada por la Asamblea Nacional luego de días de negociaciones entre el oficialismo y las fuerzas de oposición.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia señala que estarán prohibidos en Venezuela los partidos y las organizaciones políticas que se considere que promuevan “el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia”.
También contempla que los partidos y las organizaciones políticas que no se apeguen a la norma pierdan su inscripción, y que los medios de comunicación electrónicos, por orden del Estado, deban difundir mensajes de “promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad”.
Además, la ley prevé penas de hasta 20 años contra quienes promuevan o cometan estos delitos.
Algunos actores políticos y organizaciones civiles venezolanas consideran que la Ley contra el Odio y otras normas similares son contrarias a la democracia. En abril de 2024, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) dijo que se trata de “normativas arbitrarias que buscan cerrar el espacio cívico, silenciar a sectores críticos y legitimar prácticas persecutorias por parte del Estado venezolano”.
Mientras que en 2021 el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, consideró que con la Ley contra el Odio el Gobierno de Venezuela intentó aplicar “un torniquete en los espacios de libertad que quedan en Venezuela, que básicamente son las redes sociales, el WhatsApp”.
El anuncio de la revisión de la Ley contra el Odio, la aprobación de la Ley de Amnistía y las excarcelaciones de presos políticos que comenzaron a principios de enero se suman a las medidas que el oficialismo encabezado por Delcy Rodríguez ha impulsado tras la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro, en un operativo militar de Estados Unidos. La presidenta encargada y otros líderes chavistas dicen que estas acciones buscan resolver tensiones políticas de larga data en el país.
Ahora, tras el aval a la Ley de Amnistía, se prevé que cientos de personas presas por razones políticas salgan de cárceles venezolanas.
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