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(NOTICIAS YA).- En una sentencia sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Honduras de la muerte de Vicky Hernández, una mujer trans asesinada durante el golpe de Estado en ese país en 2009, y -al mismo tiempo- marcó un hito en el reconocimiento de los derechos trans en Latinoamérica.

La sentencia es la primera que aborda la violencia letal contra las mujeres trans y fue publicada el pasado 28 de junio. Ordena a Honduras ejecutar medidas de reparación, pero a la vez es un precedente para la región, donde la mayoría de países no cuentan con garantías o protección para las personas trans.

Vicky Hernández fue asesinada el 28 de junio de 2009. La Policía intentó detenerla a ella y dos amigas durante el toque de queda declarado en el contexto del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, pero lograron escapar. Al siguiente día, su cuerpo fue encontrado con un balazo en la cabeza.

Además de responsabilizar a Honduras por su muerte (porque encontró indicios de participación de agentes estatales), la Corte recoge en la sentencia la discriminación, violencia y violaciones a derechos que sufren las personas trans.

“Es un caso que genera un precedente porque desarrolla todos los aspectos de discriminación y violencia contra personas trans, que es la misma vivencia en toda la región. El contexto de Honduras no es diferente a lo que viven los países de Centroamérica y América del Sur”, explica Nadia Mejía, de la organización hondureña Cattrachas, que impulsó el caso de Vicky Hernández ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el fallo, la Corte recordó que la identidad de género es una categoría protegida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en ese sentido, determinó que hubo varias violaciones a los derechos de Vicky Hernández.

Entre estas violaciones, el organismo menciona: la violencia física que sufrió de parte de policías por ser una mujer trans y, además, trabajadora sexual; las omisiones de su identidad de género en las investigaciones de su muerte; y la imposibilidad de cambiar los datos en los registros civiles de acuerdo a su identidad autopercibida.

Además, con este caso, la Corte amplió la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (el primer tratado regional que abordó todo tipo de agresión por condición de género) a las mujeres trans.

Estas últimas interpretaciones son de alcance para los 20 Estados que han aceptado la competencia de la Corte, y no solo Honduras, según explican Nadia Mejía, de Cattrachas, y Christian Paula, de la organización ecuatoriana Pakta, que participó en el proceso con un amicus curiae (una opinión de terceros sobre el caso).

Paula sostiene que todos los casos que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los Estados que han aceptado la competencia del organismo, entre ellos países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y, naciones de Sudamérica como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

Tras la sentencia, Paula explica que los países deben remitirse a las interpretaciones del caso para sus legislaciones, políticas públicas y decisiones judiciales.

Además, Nadia Mejía, de Cattrachas, agrega que los Estados de la región deben desarrollar políticas de prevención de violencia contra las mujeres trans para cumplir con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Las vulnerabilidades por su identidad

El caso de Vicky Hernández es solo un reflejo de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas trans en Latinoamérica.

Por la discriminación en el sistema educativo y el ámbito laboral, Vicky se vio obligada a ejercer el trabajo sexual. En las calles, era víctima de agresiones verbales y físicas de parte de policías. Además, no pudo cambiar sus datos de acuerdo a su identidad de género.

REDLACTRANS, que agrupa a organizaciones trans de Latinoamérica, ha recogido en varios informes las violaciones a derechos humanos de las mujeres trans. Una de ellas, la imposibilidad de cambiar sus datos en documentos de identidad o registros públicos.

“La falta de reconocimiento se constituye en el inicio de la cadena de eventos que impiden a la población trans el disfrute de los derechos básicos”, indica REDLACTRANS en un informe.

En Latinoamérica, solo 10 países permiten a las personas trans cambiar sus datos (incluso género) en sus documentos de identidad. Se trata de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que Honduras adopte un procedimiento para permitir a las personas trans el cambio de sus datos en sus documentos y registros públicos, después de interpretar que impedirlo es una violación a sus derechos.

Si bien la medida es dirigida a Honduras, Christian Paula, de Pakta, sostiene que una vez que la Corte haya determinado que es una violación a derechos humanos, los demás países que aún no permiten a las personas trans cambiar sus datos en los documentos de identidad también deben hacerlo.

Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

De la misma manera, es obligatoria para los demás países la interpretación de que la violencia por identidad de género está protegida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

“Cattrachas demostró a la Corte cómo la mayoría de las mujeres trans fueron asesinadas del mismo modo, con una ejecución extrajudicial, con un disparo en la cabeza o alguna parte de su cuerpo, y eran desechadas en vías públicas para transmitir un mensaje que su cuerpo no era aceptado por la sociedad”, explica Nadia Mejía, de la organización hondureña.

La violencia contra mujeres trans la sufrió Claudia Spellmant, fundadora del Colectivo Unidad Color Rosa, que lucha por los derechos de la población trans en Honduras y en el cual Vicky Hernández participó como activista.

Claudia, de 43 años, sufrió arrestos injustificados cuando ejercía el trabajo sexual, maltratos de los policías e incluso un intento de asesinato en las instalaciones de su colectivo. Por estas situaciones, decidió emigrar a Nueva York, donde actualmente reside.

“Para seguir viviendo tuve que salir de mi país. Ya llevo 8 años aquí”, indica Claudia, quien conoció a Vicky. “Su caso (en la Corte) nos da un precedente para nuestros derechos, pero es lamentable porque ella no gozará de esos derechos”.

Los derechos por los que lucharon Claudia y Vicky en Honduras, la primera los consiguió en Estados Unidos. “En dos años obtuve mi documento de identificación respetando mi identidad de género. Luché tanto en mi país por esto y otro lo hizo. Es vergonzoso y penoso”, comenta Claudia.

Además, está aprendiendo inglés gracias a una beca y poder estudiar en el college. Con su seguro médico, pudo acceder a sus tratamientos hormonales. Puede usar el baño de mujeres. Pudo estudiar modelaje. Fue recibida sin discriminación en un país donde llegó como migrante.

Sofía Carbajal, del mismo colectivo y quien aún se encuentra en Honduras, señala que el caso es un punto de partida para una verdadera reivindicación de derechos. Por la discriminación en todos los ámbitos, también fue desplazada al trabajo sexual.

“Yo tengo 29 años de edad y hay una diferencia de cuando yo llegué al trabajo sexual en relación a la época de Vicky y Claudia. Yo no viví agresiones físicas, pero los policías nos obligaban a tener sexo con ellos. Es algo que sigue pasando, pero con menos frecuencia”, indica Sofía.

La sentencia es un punto de partida obligatorio para que los Estados trabajen en políticas públicas en todos los ámbitos, destaca Nadia Mejía, de Cattrachas. “Se toma en consideración la discriminación y violencia sistemática en Honduras y la región. Es un ejemplo para los demás Estados en elaborar políticas públicas para garantizar el acceso a educación y trabajo de las mujeres trans en la región, y no llegar nuevamente a instancias internacionales”.

“Es un caso que genera un precedente porque desarrolla todos los aspectos de discriminación y violencia contra personas trans, que es la misma vivencia en toda la región. El contexto de Honduras no es diferente a lo que viven los países de Centroamérica y América del Sur”, explica Nadia Mejía, de la organización hondureña Cattrachas, que impulsó el caso de Vicky Hernández ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tras la sentencia, Paula explica que los países deben remitirse a las interpretaciones del caso para sus legislaciones, políticas públicas y decisiones judiciales.

Las vulnerabilidades por su identidad

El caso de Vicky Hernández es solo un reflejo de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas trans en Latinoamérica.

“La falta de reconocimiento se constituye en el inicio de la cadena de eventos que impiden a la población trans el disfrute de los derechos básicos”, indica REDLACTRANS en un informe.

Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

“Para seguir viviendo tuve que salir de mi país. Ya llevo 8 años aquí”, indica Claudia, quien conoció a Vicky. “Su caso (en la Corte) nos da un precedente para nuestros derechos, pero es lamentable porque ella no gozará de esos derechos”.

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