Ecuador enfrenta la tercera semana de movilizaciones y protestas en varios puntos de la sierra del país en medio de un ambiente de alta polarización y sin una salida a la vista. El diálogo no llega y el presidente Daniel Noboa se ha convertido en el blanco del malestar social en una parte de la población tras su decisión de eliminar el subsidio al diésel y su negativa a retroceder.
A inicios de semana la caravana presidencial en la que se movilizaba Noboa fue atacada por manifestantes en la zona de Tambo, en la provincia de Cañar cuando Noboa se dirigía a un evento para realizar la entrega de ayudas financieras a la comunidad, tal como lo ha venido haciendo durante los días de paro en su intento por apagar el fuego en los lugares donde se han encendido las protestas.
En un momento tan sensible y con un país dividido el Gobierno tendrá que buscar una salida negociada con el movimiento indígena y otros sectores para destrabar la situación y promover un diálogo. A eso se suma que en pocas semanas más el país conocerá si estas protestas le pasarán factura al presidente Noboa o no en su afán de instalar una Asamblea Constituyente para la realización de una nueva constitución y aprobar reformas para la seguridad y el funcionamiento de Estado.
Mientras las pérdidas económicas crecen por los bloqueos, la amenaza del movimiento indígena de tomarse la capital ha empujado a Noboa a desplegar a miles de militares y policías en Quito para contener su avance en un plan enfocado en salvaguardar la integridad de las personas y los bienes de la ciudad. Noboa en su intento por simular a su aliado Donald Trump busca aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en la capital para enfrentar a quienes considera “enemigos del desarrollo”.
La agresión del martes a un convoy presidencial fue la segunda en menos de dos semanas en el contexto del paro en Ecuador. No es la primera vez que un presidente recibe ataques en un contexto caldeado. Ya ocurrió el 30 de septiembre de 2010 cuando el entonces presidente Rafael Correa fue recibido en un comando policial con gases lacrimógenos y cientos de policías insubordinados por una reforma legal que rechazaban. Correa tras confrontar a los policías tuvo que ser evacuado tras una intensa operación de seguridad que duró varias horas y que dejó cinco muertos y decenas de heridos.
La experta en materia de seguridad por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Carla Álvarez, dijo a CNN que el Gobierno debe ofrecer más claridad sobre los ataques a las caravanas presidenciales y sobre quién toma la decisión de ingresar a comunidades donde los ánimos están caldeados.
“Nunca voy a justificar un ataque contra el presidente ni ninguna persona. Ambos territorios donde ha sido atacado han sido incursiones poco claras”, precisa Álvarez.
Además, sostiene que no proporcionar información detallada sobre las circunstancias de estos hechos está generando más incertidumbre en la población y dificulta que se encuentre una salida a la paralización.
“Empieza a verse una actitud intencionada de desinformación y en este contexto eso caldea los ánimos. No me deja de angustiar, preocupar e inquietar que haya ido en un convoy terrestre a un lugar en el que claramente había movilizaciones. Solo hay dos alternativas: o la inteligencia policial, militar y de casa presidencial no funciona tan bien, o debería haber una rendición de cuentas y remoción de cargos porque es una negligencia gravísima atentar contra el primer mandatario de Ecuador”, expresa la experta en seguridad Carla Álvarez.
Los vehículos de la Presidencia de la República fueron golpeados con piedras y palos, de acuerdo con los videos publicados por la Presidencia de la República. La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que el carro que transportaba a Noboa registró “signos de bala”. Sin embargo, esta versión no fue confirmada por la Policía Nacional ni por los ministerios del Interior y Defensa.
En tanto una revisión de imágenes de código abierto por parte de CNN no reveló evidencia que respalde la afirmación de que el convoy fue atacado con armas de fuego.
“Hay células criminales que están provocando estos actos de terrorismo”, dijo Manzano quien denunció ante la Fiscalía un intento de asesinato al presidente ecuatoriano. El ataque a la caravana presidencial provocó el rechazo de la comunidad internacional que a la vez pidió que el hecho sea esclarecido.
Noboa -que salió ileso del ataque- ha insistido en que no retrocederá en sus decisiones y ha arremetido contra los grupos que promueven las manifestaciones. “Los terroristas, los violentos y los vándalos irán a la cárcel”, enfatizó Noboa.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), rechazó la detención de cinco comuneros de la zona de Tambo a quien el Gobierno buscaba que se los procese por un presunto intento de asesinato al presidente Noboa luego del ataque. Pero una jueza declaró ilegal su detención y ordenó su libertad.
Yaku Pérez, abogado de los detenidos y excandidato presidencial por Pachacutik, informó que el gobierno está cometiendo un uso excesivo de la fuerza y violando el debido proceso en este caso. Durante la audiencia de los detenidos y en su cuenta de X, Pérez mostró un supuesto parte policial en el que no se menciona que algún vehículo de la caravana presidencial haya recibido disparos. CNN pidió más información a la Policía sobre la veracidad de este documento, pero hasta el momento no ha respondido.
Para la CONAIE el ingreso de la caravana presidencial fue una provocación y un acto de “falsa bandera” para criminalizar la protesta social y al movimiento indígena.
“La caravana presidencial, incluido el vehículo oficial del presidente, ingresó a una zona de resistencia y fue apedreado. Este suceso, lejos de ser un accidente, constituye una provocación del Gobierno Nacional, que repite el libreto del supuesto convoy humanitario para justificar la represión”, cuestionó la Conaie.
Mientras que la ministra de Trabajo, Ivonne Nuñez, dijo a CNN este martes que la lucha del presidente Noboa contra el crimen organizado está afectando a la economía criminal y trayendo consecuencias a quienes se resisten a la actuación del Estado.
“Llama la atención el silencio cómplice de los dirigentes de la Conaie porque en sus planteamientos no se dice nada en contra de la minería ilegal ni el crimen organizado. El paro está focalizado en la provincia de Imbabura que es donde más se ha radicalizado la lucha y el combate contra la minería ilegal”, agregó Núñez.
El profesor experto en políticas públicas de la Universidad de las Américas de Ecuador (UDLA), José Luis Fuentes dijo a CNN que, aunque no se atrevería a afirmar que el paro sea financiado de forma opaca sí considera que esas afirmaciones tienen que probarse y es el propio movimiento indígena el llamado a compartir sus fuentes de financiamiento.
“Lamentablemente dado que es un tema sensible para el país. Sí quedan preguntas muy graves y grandes sobre cómo se financia la protesta. El movimiento indígena debería justificar. Debería decirles a sus bases cómo saca dinero para financiar una medida muy larga más aún si el gobierno dice que el crimen organizado lo financia”, afirma Fuentes.
El Ecuador se encamina a un referéndum y consulta popular previsto para el 16 de noviembre y cuando falta poco más de un mes los expertos sostienen que esta tensión social podría tener un impacto en la voluntad del electorado, aunque las protestas en esta ocasión han sido focalizadas y no han tenido la misma proporción de aquellas ocurridas en 2019 y 2022 que lograron el bloqueo de la capital ecuatoriana.
“No toda la sociedad ha plegado a la protesta y el Gobierno tiene más oxígeno para decidir no negociar. Establecer un plan de negociación, todo menos el subsidio al diésel. Está en ese juego el sentido de la protesta en estos momentos”, dice el profesor experto en políticas públicas de la UDLA, José Luis Fuentes.
Fuentes cree que el Gobierno aún tiene un margen de maniobra para lograr acuerdos mínimos que desbloqueen las carreteras y se retome la normalidad especialmente en la provincia de Imbabura. “La protesta se está quedando sin recursos y de eso también implica la negociación o no”, agrega.
Pero la experta en seguridad del IAEN, Carla Álvarez, considera que hay un contexto “turbio y rancio” pues el presidente no cumplió con un ofrecimiento de campaña cuando prometió no eliminar el subsistió al diésel.
“Él incumplió un ofrecimiento de campaña. Había mil maneras de hacer un ejercicio político negociado y de construcción de paz, pero no se hizo y lo que se hace es imponer”, afirma.
José Luis Fuentes insiste en que el controversial tema de la eliminación del subsidio a los combustibles debe resolverse paulatinamente y con diálogo, considerando las dos experiencias negativas anteriores que en 2019 y 2022 las paralizaciones por el mismo tema dejaron en el país.
“El Estado debe resolver al largo plazo. Una parte de los recursos debe apoyar al sector rural. Esperaría que el Gobierno planteé un diálogo en ese sentido y de esa manera se logre romper el bloqueo”, puntualiza Fuentes.
La tensión social en el país no ha dado mucho margen para que se sienta el ambiente electoral previo a un referéndum y Noboa está empezando a flexibilizar su posición con respecto al foco de la protesta. A través de un reciente decreto de carácter económico, el presidente ha dispuesto el pago de compensaciones para vehículos comerciales a diésel de carga pesada, liviana, transporte mixto y transporte escolar e institucional. La finalidad -según el Gobierno- es “proteger a los prestadores del servicio de transporte comercial” y está por verse si esta decisión logrará zanjar el problema o estancarlo. Un tira y afloja que el Ecuador ha venido enfrentando en los últimos años cuando un presidente toca el subsidio a los combustibles.
Por ahora el ataque al presidente deja varias interrogantes que la misma comunidad internacional, aunque lo rechaza también pide esclarecer.
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