Viernes 27 de marzo. Cargando una cruz como si fuera un viacrucis, un familiar de un detenido por motivos políticos participa de una protesta en la antesala a la Semana Santa.
Un poco más allá, varias mujeres vestidas de negro y cubiertas con un manto blanco aluden a la virgen María durante la pasión y muerte de su hijo Jesús, para pedir justicia y libertad para todos los que están tras las rejas por oponerse al actual gobierno.
En el cartel de una de las mujeres que se arrodilló frente a la Nunciatura Apostólica, el destino de la marcha, se leía: “Esperar a un hijo no debería doler como duele en Venezuela”. Al fondo, hombres vestidos de azul y amarillo, con capuchas cubriéndoles el rostro, se tomaron de las manos para representar a personas en prisión por disentir.
El descontento de los ciudadanos está retornando lentamente a las calles, tras un largo período en el que el miedo a disentir se intensificó con detenciones y denuncias de persecución política. Fueron justamente el anuncio de numerosas excarcelaciones y la posterior aprobación de una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional los detonantes de estas nuevas acciones de calle protagonizadas por familiares y defensores de los derechos humanos. Se generaron protestas cada día a partir de entonces, aunque no de carácter masivo.
El mismo grupo que protestaba antes de la Semana Santa, acudió otro día al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. También con el rostro cubierto, denunciaban que, tanto los reos como sus familiares son obligados a presentarse durante las visitas encapuchados y, en el caso de los detenidos, “esposados y sometidos a tratos degradantes” en las cárceles venezolanas. Andreína Baduel, activista por los derechos humanos e integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró a CNN que, días después de que las imágenes se viralizaran, se levantó la medida de colocar capuchas durante las visitas..
CNN contactó al Ministerio de Asuntos Penitenciarios para saber su respuesta a las denuncias y medidas posteriores. Hasta ahora no ha recibido respuesta. En ocasiones anteriores, al pronunciarse sobre el tema las autoridades han afirmado que los derechos humanos de los privados de libertad se respetan.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el propio Nicolás Maduro informó que habían sido detenidas unas 2.000 personas en el contexto de las protestas postelectorales y aseguró que serían enviadas a cárceles comunes como Yare y Tocorón. Según la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos Foro Penal, desde 2014 se han registrado 19.060 detenciones políticas en Venezuela y hasta el 23 de marzo permanecían detenidas al menos 503 personas.
Pero tras la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores en un operativo militar estadounidense en Caracas, y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, el número de protestas pacíficas ha aumentado significativamente en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Sin embargo, varios activistas denuncian que persisten obstáculos como vigilancia y restricciones al derecho a las manifestaciones de calle. CNN consultó al Ministerio de interior y justicia sobre estás denuncias y si se están ofreciendo garantías para el ejercicio del derecho a la protesta sin hasta ahora haber recibido respuesta.
Según el OVCS, en febrero de 2026 se registraron 599 protestas, unas 20 por día. De ellas, 423, es decir 71%, estuvieron relacionadas con derechos civiles como el pedido de liberación de los presos por motivos políticos y 176 estuvieron motivadas a reivindicar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El informe destaca que el Distrito Capital y el estado Miranda (la zona más poblada) tienen el mayor índice de protestas, cuyas modalidades más frecuentes han sido las concentraciones y vigilias, fundamentalmente exigiendo mayor participación política y justicia.
En febrero se registraron más de 50 días de vigilia y 12 huelgas de hambre por la libertad para ciudadanos encarcelados por causas políticas. Ese mismo mes en 2025 se registraron 170 acciones de calle que, si las comparamos con febrero de este año, representa 252% de aumento. También se registró una tendencia importante a manifestar por las condiciones de vida, los salarios y el acceso a derechos fundamentales.
El chavismo por su parte ha convocado a protestas por ejemplo para pedir el levantamiento de sanciones de Estados Unidos contra personas e instituciones en Venezuela y cada vez con menor frecuencia a favor de la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores.
No se trata de manifestaciones masivas, al respecto Baduel explicó que han optado por diversificar las formas de protesta, incorporando acciones creativas que puedan viralizarse y generar impacto porque, insiste, “la denuncia siempre es necesaria”.
Baduel agrega que persiste el miedo en la población y que esto se evidencia en que las protestas no son numerosas. Considera que los ciudadanos deben tener claro el poder que tienen cuando actúan unidos por una misma causa.
“Hemos hecho múltiples denuncias y lo que ha funcionado es que se visibilicen. Solo así logramos pequeñas victorias”, indicó.
Tras destacar recientes cambios logrados mediante protestas simbólicas, la activista se refirió a las condiciones actuales para defender el derecho a la protesta en el país, a casi tres meses de la salida de Maduro del poder. Asegura que, si bien persisten restricciones y mecanismos de intimidación, pues la estructura de poder se mantiene, existe una mayor determinación ciudadana a denunciar.
Para Baduel, decir que han mejorado las condiciones para protestar no es más que una sensación, pues, en su opinión, siguen las mismas restricciones e incluso han intentado impedir las protestas. “Venezuela está tratando de reconstruir su tejido social”, dice, pero advierte que “siguen amedrentando”. Sin embargo, considera que el pueblo está decidido a abonar en el terreno para que haya justicia y libertad.
En ese sentido, considera que el 3 de enero marcó un punto de inflexión. “Hay un antes y un después”, sostiene. En su opinión, la presencia de funcionarios estadounidenses en la Embajada en Venezuela genera cierta forma mayor tranquilidad. “Queremos creer que es una garantía”.
“Juntos somos invencibles. Hoy más que nunca debemos aportar al rescate de la dignidad y la democracia”, insiste.
Enfatiza que el cambio político requiere presión sostenida. “No es posible un cambio sin calle”, opina al destacar que la presión es elemental para rescatar la democracia y para ello se necesita la compañía de la sociedad.
El 12 de marzo, una protesta de trabajadores pidiendo aumento de salario llegó al centro de Caracas. Un escenario impensable hasta hace muy poco. Esa parte de la ciudad, sede de los poderes públicos, siempre está fuertemente custodiada por policías y militares.
Días después, el 23 de marzo, intentaron movilizarse de nuevo, pero, según algunos líderes sindicales, como Ana Rosario Contreras, presidenta de la Asociación de Enfermería de Caracas, no les permitieron avanzar.
Contreras dijo a CNN que fueron tratados como “ciudadanos de segunda”. Les negaron los permisos para marchar y no les permitieron llevar sus peticiones hasta la Fiscalía General de Venezuela, denuncia. En cambio, les enviaron una comisión a recibir sus peticiones, en un gesto que, asegura, no les permitió acceder a la institucionalidad. También dice que grupos cercanos al Gobierno se presentaron en motocicletas e impidieron el avance de la movilización.
CNN se comunicó con la Fiscalía general de Venezuela y con el Ministerio de Interior y Justicia para saber su respuesta a estas denuncias, pero aún no hay respuesta.
Contreras opina que, pese a que hablar de reconciliación es parte del discurso oficial este año, eso no es lo que se ve en las calles. A su juicio, lo que hay en marcha es una transición económica, pero no política y señala que “siguen los mismos esquemas de represión de Nicolás Maduro en la gestión de Delcy Rodríguez”.
Por su parte, el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Ángel Suárez, asegura que persiste un clima de persecución y vigilancia sistemáticos contra dirigentes estudiantiles y políticos opositores. Relata que ha sido seguido por funcionarios de seguridad, tanto dentro como fuera de Caracas, incluyendo un episodio reciente tras regresar de Maracaibo, en el que fue vigilado desde el aeropuerto de Maiquetía hasta la Universidad. CNN contactó al Ministerio de interior y justicia para obtener mayor Información sobre está denuncia sin hasta ahora haber obtenido respuesta.
El líder estudiantil también denuncia la presencia de personas infiltradas en el campus universitario y la constante vigilancia mediante patrullas, motos y vehículos sin identificación.
“El país no es normal cuando tienes que estar pendiente de quién te sigue o revisar las placas de los carros que van detrás de ti”, señala, al tiempo que advierte que hacer política en Venezuela continúa siendo una actividad de alto riesgo.
En cuanto al ejercicio del derecho a la protesta, el dirigente estudiantil sostiene que aún se mantiene un escenario de incertidumbre. Si bien reconoce que se han producido manifestaciones recientes, indica que la represión no ha desaparecido. Asegura que en Venezuela persiste un sistema que restringe derechos y busca silenciar a la disidencia con prácticas como una justicia selectiva, las detenciones arbitrarias y una amnistía incompleta.
A la espera de los cambios prometidos por la administración interina y con el cansancio acumulado de años, la población venezolana gradualmente comienza a elevar la voz. Mientras, los líderes sindicales prometen mantenerse movilizados de cara al primero de mayo, día del trabajador, hasta alcanzar las reivindicaciones salariales que aspiran, algunos líderes opositores van retomando su agenda pública tras meses y hasta años de encarcelamiento comienzan a reorganizarse.
Al mismo tiempo, la sede del movimiento político Vente Venezuela, cuya líder es María Corina Machado, fue reinaugurada tras haber permanecido más de 20 meses cerrada en medio de denuncias de persecución. Insisten en el pronto retorno de Machado, una figura que podría mover el tablero.
A pesar de este contexto, Suárez considera que el miedo en la población ha comenzado a disminuir progresivamente. Recuerda que, a inicios de año, las protestas eran sostenidas principalmente por el movimiento estudiantil y los familiares de los presos políticos. Ahora se han sumado organizaciones no gubernamentales, sectores académicos y partidos políticos.
“El miedo sigue, pero cada vez hay más gente dispuesta a participar”, afirma. A su juicio, esto responde a “una voluntad de cambio creciente en la sociedad venezolana”, impulsada también por las nuevas generaciones. “Tenemos una terquedad de vivir en democracia que no nos va a quitar nadie”, agrega. Considera que las movilizaciones continuarán, incluso hacia el centro de Caracas y otras instituciones del Estado. “Volveremos a llegar donde tengamos que llegar para hacer valer nuestros derechos”, sostiene.
Afirma que el movimiento estudiantil está dispuesto a contribuir a la reconstrucción nacional, pero plantea una interrogante clave para el Gobierno interino: “¿Ellos están dispuestos también a hacerlo?”.
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