Fiscales federales de Estados Unidos afirmaron que un juez debería denegar la solicitud del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, de desestimar los cargos de narcoterrorismo, alegando que el Gobierno estadounidense ha obstaculizado su derecho a la defensa.
El mes pasado, los abogados de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se sumaron a la moción, declararon que se violaron los derechos constitucionales de los acusados cuando el Gobierno de EE.UU. se negó a otorgarles licencias que permitirían al Gobierno venezolano pagar por sus servicios legales.
Los fiscales informaron al juez, en un documento presentado ante el tribunal el viernes por la noche, que la solicitud de los Maduro de recibir pagos de Venezuela es “extraordinaria”.
Instaron al juez a denegar la moción para desestimar la acusación, argumentando que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) sí otorgó una licencia a los Maduro, ambos sancionados en Estados Unidos, para acceder a sus fondos personales en Venezuela.
Sin embargo, la OFAC ha denegado la solicitud de los acusados de una excepción adicional: permitirles pagar sus honorarios legales con fondos discrecionales controlados por un gobierno sancionado. Esto se debe a que las regulaciones de la OFAC prohíben expresamente el uso de fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de los abogados de otra persona sancionada, escribieron los fiscales. La denegación de dicha solicitud por parte de la OFAC no significa, como sostienen los acusados, que el Gobierno haya interferido con su derecho a la defensa ni que haya violado sus derechos al debido proceso.
Los fiscales indicaron que no se pronuncian sobre la solicitud de los abogados defensores de retirarse del caso si se deniega la moción.
Añadieron que desconocían cualquier caso anterior en el que la OFAC hubiera permitido que un gobierno extranjero sancionado pagara los honorarios legales de otra persona sancionada.
Los fiscales también plantearon lo que probablemente se convertirá en otro difícil asunto legal en el caso: si Maduro y su esposa son líderes legítimos de Venezuela y qué beneficios o protecciones tendrían derecho a recibir.
“Al menos desde la perspectiva del Gobierno de Estados Unidos, los acusados no tendrían derecho a ningún beneficio legítimo del Gobierno venezolano, ya que no eran funcionarios ni empleados legítimos de Venezuela”, escribieron los fiscales.
El abogado de Maduro presentó la moción de desestimación el mes pasado, luego de que, según él, se le otorgara una licencia de la OFAC para recibir pagos de Venezuela, la cual fue revocada horas después. El abogado de la esposa de Maduro se sumó a la moción de desestimación tras la revocación de su licencia.
Los fiscales afirmaron que las licencias iniciales que permitían el pago fueron un “error administrativo”.
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