¿Influirá la retórica antiinmigrante de Trump en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.?

Hace ocho años, en la primera batalla importante en la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. sobre una política de Donald Trump, los magistrados desestimaron la retórica antimusulmana del presidente y confirmaron la prohibición de viaje a países de mayoría musulmana.

Ahora, los abogados de Trump invocan esta decisión judicial para instar a los magistrados a ignorar sus comentarios despectivos sobre los haitianos y a respaldar su plan de deportar a ciertos inmigrantes a quienes se les había otorgado previamente el “estatus de protección temporal” en Estados Unidos debido a la inestabilidad en su país de origen.

En el caso de la prohibición de viaje el presidente usó la estrategia de defenderla basándose en un interés “legítimo” de seguridad nacional, independientemente de si había estado motivada por animosidad.

Esta decisión marcó el inicio de la tendencia del tribunal a reforzar el poder de Trump. Fue también el primer caso importante en el que los magistrados conservadores adoptaron una postura que se ha vuelto miope ante las afirmaciones sesgadas del presidente.

Antes de ordenar la prohibición, Trump había afirmado: “El islam nos odia”, y prometió “un cierre total y completo” de la entrada de refugiados musulmanes.

“La cuestión que nos ocupa hoy no es si debemos denunciar las declaraciones”, comentó el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, al leer extractos de su opinión mayoritaria desde el estrado aquella dramática mañana de junio de 2018. “Se trata, más bien, de la importancia de dichas declaraciones a la hora de revisar una directiva presidencial aparentemente neutral, que aborda el asunto dentro del marco de la autoridad presidencial”.

Los magistrados disidentes criticaron a la mayoría por “aceptar ciegamente… una política discriminatoria motivada por la animosidad hacia un grupo desfavorecido, todo en nombre de una alegación superficial de seguridad nacional”.

Quizás la decisión más significativa de Trump hasta la fecha, relativa a su inmunidad frente a un proceso penal por actos oficiales, abordó directamente los motivos del presidente y los convirtió en un tema tabú.

Ese caso de 2024 surgió de las acusaciones de subversión electoral presentadas por el Departamento de Justicia contra Trump. (El asunto nunca llegó a juicio, debido a la intervención de la Corte Suprema).

“Al separar la conducta oficial de la no oficial”, afirmó la mayoría de la Corte Suprema, “los tribunales no pueden indagar sobre los motivos del presidente”.

Los magistrados disidentes se quejaron: “Según esa norma, cualquier uso del poder oficial para cualquier propósito, incluso el más corrupto, evidenciado por pruebas objetivas de los motivos e intenciones más corruptos, sigue siendo oficial e inmune”.

Una pregunta formulada por el juez Neil Gorsuch durante los argumentos orales del caso puso de relieve cómo algunos magistrados sopesaron las acciones de Trump con el respeto que merece el cargo de presidente.

“¿Debemos analizar los motivos, los motivos del presidente para sus acciones?”, preguntó Gorsuch, y agregó: “No me preocupa tanto este caso como los futuros… Estamos sentando un precedente histórico”.

La nueva disputa que se debatirá el miércoles deja al descubierto las motivaciones de Trump, específicamente las relacionadas con su supuesta animosidad racial.

Durante años, el presidente ha vilipendiado específicamente a los haitianos.

Trump describió a Haití como un país “sucio… un basurero ” durante su primer mandato y, durante la campaña de 2024, afirmó falsamente que los haitianos en Springfield, Ohio, estaban “comiéndose a los perros” y “comiéndose a los gatos”.

Los abogados del grupo de haitianos a quienes se les había otorgado previamente el “estatus de protección temporal” sostienen en sus argumentos ante la Corte Suprema que dicha animosidad racial motivó la orden del Gobierno de 2025 de poner fin a su designación como TPS.

Esta impugnación se basa en la igualdad de protección constitucional, pero los beneficiarios haitianos del Estatus de Protección Temporal (TPS) también han planteado argumentos procesales que podrían afectar el destino de los beneficiarios de diversos países.

La controversia haitiana se verá el miércoles junto con un caso similar presentado por beneficiarios sirios del TPS.

Según la ley TPS, el secretario de seguridad nacional puede otorgar protección temporal contra la deportación a extranjeros que no pueden regresar a su país de origen debido a conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

La ley impone diversos requisitos procesales para la decisión de poner fin a la protección.

Desde que regresó al cargo, Trump ha acelerado su agenda antiinmigrante y su administración ha intentado poner fin a la cobertura del TPS en más de una docena de países, incluidos Venezuela, Honduras y Somalia, lo que ha provocado numerosos recursos judiciales.

Se estima que unos 350.000 haitianos residentes en Estados Unidos podrían verse afectados por la revocación del TPS. El caso paralelo ante la Corte Suprema involucra a unos 6.000 ciudadanos sirios residentes en Estados Unidos.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que la cancelación del TPS se basó en intereses de seguridad nacional y política exterior.

Refutan la alegación haitiana de discriminación racial, citando el caso Trump contra la prohibición de viajar a Hawai, en el que la mayoría desestimó los argumentos de que los comentarios antimusulmanes de Trump revelaban un sesgo religioso inconstitucional.

“Allí, como aquí, los demandantes invocaron declaraciones de campaña externas y citas del Presidente durante su mandato como prueba de que la acción oficial estaba contaminada por una animosidad inconstitucional”, manifestó el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, a los magistrados en un escrito presentado ante el tribunal.

Tras señalar que las declaraciones de Trump, cargadas de connotaciones políticas, no lograron influir en los magistrados en 2018, Sauer añadió: “El Tribunal sostuvo que la proclamación (de prohibición de viaje) era constitucional… Allí, como aquí, la acción ejecutiva era “aparentemente neutral” y estaba relacionada con la “seguridad nacional”.

Los abogados de los haitianos argumentan que la controversia actual difiere significativamente, ya que involucra a personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos en este momento, a diferencia de los extranjeros en el caso Trump contra Hawai, que estaban fuera del país buscando ingresar.

También señalan que, poco después de su falsa afirmación durante un debate presidencial de 2024 de que los haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS) se estaban “comiendo” las mascotas de los residentes, Trump prometió revocar el estatus TPS y devolver a los haitianos a su país de origen.

La mayoría del Tribunal Supremo ha restado importancia a las declaraciones imprudentes de Trump a lo largo de los años. Pero ahora sus exabruptos están teniendo repercusiones muy directas.

Desde la decisión de la Corte Suprema en febrero que anuló sus aranceles de gran alcance a los productos extranjeros, Trump ha denunciado repetidamente a los magistrados.

La semana pasada, continuando con su diatriba, arremetió contra la única magistrada afroamericana, Ketanji Brown Jackson. La jueza más reciente fue nombrada por el presidente Joe Biden en 2022.

“Los jueces demócratas se mantienen unidos como una lapa, sin dejar de desviarse jamás de las políticas, ideas y casos retorcidos y perversos que se les presentan”, escribió en Truth Social con una hipérbole que se tornó racista. “Siempre votan en grupo, o BLOQUEAN, incluso a esa persona nueva, de bajo coeficiente intelectual, que de alguna manera llegó al tribunal (¡el dormilón de Joe!)”.

Jackson declinó responder a una solicitud de CNN en relación con el comentario de Trump.

Trump ha intensificado sus ataques contra los jueces en todos los niveles del sistema judicial federal. Sus insultos contra los magistrados se han vuelto personales, como cuando dijo en febrero que los magistrados que votaron a favor de la mayoría en la disputa arancelaria eran una “vergüenza para sus familias”. (Los magistrados se han negado a responder públicamente a ese comentario).

El caso de Trump contra Hawai de 2018 se remonta a los primeros días de Trump en el cargo, en enero de 2017, cuando comenzó a imponer una serie de órdenes que prohibían la entrada de ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana.

Cuando la disputa llegó al Tribunal Supremo, con la tercera versión de la orden de prohibición de viaje, fue el caso más seguido de la sesión anual.

Al anunciar el fallo desde el estrado el 26 de junio de 2018, Roberts rechazó los argumentos de que las declaraciones de Trump contra los musulmanes revelaban un sesgo religioso que violaba la Primera Enmienda.

“La suspensión de la entrada que nos ocupa”, sostuvo Roberts, “es una medida que podría haber tomado cualquier otro presidente”.

En aquel momento, contó con el pleno apoyo de los otros cuatro magistrados conservadores del tribunal. Desde que Amy Coney Barrett, nombrada por Trump, sucedió a la liberal Ruth Bader Ginsburg en 2020, el tribunal se ha inclinado aún más hacia la derecha. (Cabe destacar, sin embargo, que Barrett tiene experiencia directa con Haití. Dos de sus siete hijos fueron adoptados de ese país).

En 2018, tras el anuncio de Roberts sobre su opinión, la jueza Sonia Sotomayor leyó en voz alta fragmentos de su voto particular, al que Ginsburg se sumó íntegramente. Repitió algunas de las declaraciones más polémicas de Trump, como “El islam nos odia” y “Tenemos problemas con los musulmanes que entran en este país”.

Trump había atribuido los ataques terroristas a la falta de asimilación de los musulmanes y a su adhesión a la ley islámica. … Opinó que los musulmanes “no nos respetan en absoluto”, añadió Sotomayor.

Sotomayor levantó la vista y les dijo a los presentes en la sala: “Tómense un momento para asimilar la gravedad de estas declaraciones… Recuerden que la mayoría de estas palabras fueron pronunciadas o escritas por el actual presidente de Estados Unidos de América, el hombre que emitió los tres decretos que son el centro de este caso”.

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