Los continuos decretos de toque de queda o estados de excepción en Ecuador parece que se están convirtiendo en el “pan de cada día” de la política de seguridad del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Estas herramientas, que eran consideradas en gobiernos pasados como recursos de última instancia en momentos de crisis, en la actualidad forman parte de la cotidianidad de los ecuatorianos a medida que el gobierno decide restringir ciertos derechos para contener la violencia y la criminalidad.
Este martes Noboa firmó un nuevo decreto con el que ordenó el toque de queda para nueve provincias desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del 3 al 18 de mayo. Las provincias afectadas son: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. A eso se suman cuatro cantones: La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal. Estos son considerados por las autoridades como territorios de mayor concentración de delitos y presencia de grupos criminales.
El toque de queda incluye restricciones a la libre movilidad y tránsito de personas, la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio para permitir a la fuerza pública la realización de allanamientos y la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia que permitirá revisar correos o mensajes para neutralizar posibles amenazas.
Algunos expertos en seguridad sostienen que Noboa está siendo errático al decretar con frecuencia estados de excepción o toques de queda pues pese a estas medidas los homicidios siguen en ascenso, la criminalidad migra a otros puntos y el país se mantiene como uno de los más violentos de la región.
A eso se suman las preocupaciones de los sectores productivos que sufren el impacto económico de esta medida.
“Estamos preocupados, ya vivimos un toque de queda de 15 días donde se afectó de manera fuerte a algunas actividades y negocios. La estimación es que el 73 % de las empresas que tienen algún tipo de actividad nocturna reportan un 40 % de reducción de sus ventas y aquellos que tienen actividad solo en las noches algunas afectaciones llegan hasta el 70 % o el 80 % de sus ventas”, dijo Miguel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, a FM Mundo, afiliada de CNN.
González exige resultados tangibles del toque de queda pues insiste en que el problema de la seguridad no se resuelve “de la noche a la mañana” y que mientras más medidas como ésta se sigan ordenando, el impacto económico será aún más fuerte pues ni siquiera se contemplan salvoconductos para la movilización de los sectores industriales durante el toque de queda.
“Nos gustaría tener claros cuáles son los resultados. Se dice que hay un impacto positivo. Es cierto que algunos resultados pueden ser intangibles o invisibles al inicio, pero necesitamos algo que realmente permita que la gente crea en los toques de queda. Respaldamos la lucha contra la inseguridad, pero al mismo tiempo nuestro deber es proteger, cuidar el empleo y el aparato productivo. Por eso nuestro rol es poner sobre la mesa las afectaciones de este tipo de medidas”, advirtió González.
Al leer la letra pequeña del decreto de toque de queda más reciente, el gobierno reconoce que existe un efecto “post-toque de queda” que se presenta cuando concluye un periodo de suspensión del derecho a la libertad de tránsito y se produce una redirección de la actividades delictivas a provincias que no estaban contempladas en la medida.
“No existió una neutralización estructural sino un desplazamiento geográfico de las actividades criminales”, afirma el decreto. Además, sostiene que aunque ha habido efectos positivos con la medida, la amenaza “no ha sido neutralizada de manera plena”, incluso en los territorios donde rige el estado de excepción “persistiendo una ata concentración de violencia letal y delincuencia organizada”.
“Estas son medidas de contención, no una política de seguridad. El crimen organizado es adaptativo, pueden migrar de zonas, pueden utilizar a otras personas y tienen recursos. El crimen organizado se recupera con facilidad y pueden reestructurarse”, comentó Santiago Ortega, experto en seguridad y defensa nacional a FM Mundo.
En esta especie de juego del gato y el ratón, el Gobierno en su decreto sostiene que Quito, la capital de Ecuador, es ahora un “escenario crítico” en materia de seguridad que registra un incremento sostenido de los índices de violencia y criminalidad, así como una percepción generalizada de inseguridad en sus habitantes. Agrega que en Quito se libra una disputa de poder entre las bandas delictivas Los Lobos, Los Choneros y Tiguerones, que buscan constantemente el control de las rutas del narcotráfico y los mercados ilícitos.
De enero a abril de 2026 se han registrado 2.509 homicidios a escala nacional, siendo la provincia de Guayas la de mayor incidencia, con 1.098 homicidios, el 43,8 % del total nacional, de acuerdo a un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, citado por el decreto. Por esta razón, el gobierno califica a esta provincia como el “epicentro de la violencia letal”.
Otra de las razones que motivan la orden de toque de queda gubernamental se enfoca en que grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizadas han diversificado sus actividades con operaciones para controlar más economías ilícitas adicionales al narcotráfico como la minería ilegal, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, tráfico de hidrocarburos, lavado de activos, contrabando, trata de personas y tráfico de migrantes.
La suspensión del derecho al libre tránsito tendrá excepciones durante las horas decretadas para su ejecución. Personal esencial vinculado a los servicios de salud privados y públicos, así como de la fuerza pública, de gestión de riesgos, emergencias y desastres podrán circular. Habrá otras excepciones dependiendo el contexto de necesidad y emergencia de una persona que requiera desplazarse o movilizarse mientras rige la medida.
Los ministerios de Defensa, del Interior, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en coordinación con todas las entidades e instituciones competentes serán las encargadas de la ejecución del decreto.
Y mientras Ecuador irá a un nuevo toque de queda, el Gobierno de Noboa insiste en que la frontera entre Ecuador y Colombia sigue siendo el espacio donde se cometen diversos delitos. Los dos países enfrentan una escalada diplomática iniciada por Ecuador tras pedir al gobierno de Gustavo Petro mayor control de la frontera y cooperación en la lucha contra el crimen organizado.
Ecuador impuso una tasa de seguridad a Colombia que ha ido subiendo del 30 % al 50 % desde febrero y que se traduce en un arancel para los productos importados desde Colombia. Pero esta decisión no fue suficiente, y a partir del 1 de mayo Ecuador elevará dicha tasa al 100 %, mientras que Colombia en reciprocidad estableció tasas diferenciadas que van del 30 % al 75 % a los productos ecuatorianos. Una situación que está provocando estragos en los sectores comerciales y productivos de los dos países vecinos.
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