El Gobierno del presidente Donald Trump est\u00e1 intensificando su campa\u00f1a contra el supuesto fraude electoral, tomando nuevas medidas para crear una base de datos nacional de ciudadanos e intensificando la b\u00fasqueda de presuntos votantes no ciudadanos, todo ello bajo el lema de la \u201cintegridad electoral\u201d.<\/p>\n
La \u00faltima escalada \u2014que incluye un decreto, un fiscal con nuevas competencias y una creciente oleada de demandas\u2014 ha suscitado nuevas advertencias por parte de los cr\u00edticos, quienes afirman que la campa\u00f1a del Gobierno para acumular enormes cantidades de datos de votantes de todo el pa\u00eds podr\u00eda utilizarse para impedir que los estadounidenses con derecho a voto lo ejerzan y avivar nuevas dudas sobre la legitimidad de las elecciones de mitad de mandato de 2026.<\/p>\n
El Departamento de Justicia ha cerrado un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingl\u00e9s) para facilitarle los datos confidenciales de los censos electorales que la Administraci\u00f3n ha exigido a los estados para cotejarlos con un programa de verificaci\u00f3n de ciudadan\u00eda que ha sido criticado por sus imprecisiones.<\/p>\n
La semana pasada, funcionarios de Trump plantearon una nueva posible t\u00e1ctica de presi\u00f3n sobre los estados que hasta ahora se han negado a entregar sus censos electorales completos: condicionar la concesi\u00f3n de cientos de millones de d\u00f3lares en subvenciones de seguridad nacional al intercambio de datos de votantes, exigiendo a los estados que cotejen sus censos de registro con el sistema federal de registros de inmigraci\u00f3n o pierdan la financiaci\u00f3n.<\/p>\n
Heather Honey \u2014una esc\u00e9ptica electoral incorporada al DHS para trabajar en la \u201cintegridad electoral\u201d\u2014 plante\u00f3 la idea en una llamada el jueves con los responsables de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que gestionan los programas de subvenciones, seg\u00fan tres fuentes familiarizadas con la llamada. Hasta el viernes, no se hab\u00eda implementado. El a\u00f1o pasado, siguiendo instrucciones del DHS, la FEMA a\u00f1adi\u00f3 el requisito de que los estados destinaran al menos el 3 % de esas subvenciones a \u201cmejorar la seguridad electoral\u201d.<\/p>\n
Un portavoz del DHS afirm\u00f3 que \u201cpor el momento no hay cambios que anunciar en el Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional\u201d.<\/p>\n
Durante meses, el Departamento de Justicia ha tratado de asegurar a los tribunales que la administraci\u00f3n no pretend\u00eda crear un censo electoral nacional con sus exigencias de que los estados proporcionaran informaci\u00f3n sensible sobre los votantes inscritos en sus censos. Pero el martes, el presidente Trump firm\u00f3 un decreto centrado en los datos de ciudadan\u00eda y el voto por correo que parece hacer precisamente eso, a pesar de que la Constituci\u00f3n establece que los estados \u2014y no el gobierno federal\u2014 son los principales administradores de las elecciones.<\/p>\n
Tambi\u00e9n el martes, dos d\u00edas antes de que Trump la destituyera, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunci\u00f3 que hab\u00eda designado a un fiscal federal que anteriormente hab\u00eda cuestionado la derrota de Trump en 2020 para que trabajara en cuestiones electorales. En su nuevo cargo, Dan Bishop, fiscal federal principal del Distrito Central de Carolina del Norte, examinar\u00e1 los datos de registro de votantes obtenidos por la Administraci\u00f3n y buscar\u00e1 votantes no ciudadanos, seg\u00fan inform\u00f3 a CNN una persona familiarizada con el asunto.<\/p>\n
La Administraci\u00f3n ha demandado ya a 30 estados y al Distrito de Columbia por no facilitar voluntariamente sus listas de votantes sin censurar. Tras meses de procedimientos en esos casos, un abogado del Departamento de Justicia reconoci\u00f3 por primera vez ante el tribunal, en una audiencia celebrada el 26 de marzo, que entre sus objetivos al obtener los datos confidenciales se encontraba permitir que el Departamento de Seguridad Nacional examinara esos censos en busca de nombres de personas no elegibles. Se sabe que el programa de verificaci\u00f3n de ciudadan\u00eda del DHS que la administraci\u00f3n est\u00e1 utilizando para la revisi\u00f3n arroja una cifra inflada de posibles no ciudadanos en los censos.<\/p>\n
\u201cEl problema con los datos es que se pueden encontrar formas de hacer que cuenten una historia determinada\u201d, dijo Elisabeth Frost, presidenta del departamento de litigios de Elias Law Group, que ha intervenido en nombre de los votantes para oponerse al Departamento de Justicia en sus demandas para obtener los censos electorales. \u201cSi los m\u00e9todos que se utilizan para clasificar o buscar los datos no son completamente transparentes, se puede contar una historia totalmente falsa. Y creo que hay muchas historias esperando a salir a la luz, dependiendo de c\u00f3mo se resuelvan estas elecciones\u201d.<\/p>\n
Desde que volvi\u00f3 al cargo, Trump ha seguido afirmando que las elecciones estadounidenses est\u00e1n plagadas de fraude \u2014incluido el voto de un gran n\u00famero de no ciudadanos\u2014 y ha encargado a m\u00faltiples agencias que busquen pruebas de que los extranjeros est\u00e1n viciando los resultados. Los no ciudadanos se enfrentan al riesgo de ser procesados y deportados si votan, y los votantes en las elecciones federales est\u00e1n obligados a firmar declaraciones legalmente vinculantes en las que afirman su ciudadan\u00eda.<\/p>\n
A principios de este a\u00f1o, Trump pidi\u00f3 al Gobierno federal que \u201ctomara el control\u201d y \u201cnacionalizara\u201d el voto en determinados lugares. La \u00faltima iniciativa unilateral se produce despu\u00e9s de que los republicanos hayan manifestado su falta de voluntad para cambiar las reglas del filibusterismo en el Senado con el fin de aprobar el proyecto de ley \u201cSAVE America\u201d, que introducir\u00eda cambios radicales en las elecciones. Los republicanos tambi\u00e9n est\u00e1n sopesando un arduo esfuerzo para aprobar una versi\u00f3n de esa legislaci\u00f3n electoral mediante una votaci\u00f3n partidista a trav\u00e9s de un complicado proceso presupuestario conocido como reconciliaci\u00f3n.<\/p>\n
Dem\u00f3cratas, defensores de los derechos civiles y funcionarios estatales presentaron r\u00e1pidamente una demanda para bloquear ante los tribunales la \u00faltima directiva de Trump, y los expertos electorales esperan que los tribunales la suspendan, al igual que hicieron con gran parte de su decreto sobre las elecciones de 2025, que establec\u00eda nuevos requisitos de verificaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda para el registro de votantes y normas m\u00e1s estrictas para el voto por correo.<\/p>\n
La Casa Blanca defendi\u00f3 los esfuerzos del Departamento de Justicia para obtener las listas de votantes estatales, y declar\u00f3 a CNN que los resultados ayudar\u00e1n a garantizar que los estados cumplan con la ley electoral federal y a evitar que ciudadanos estadounidenses emitan votos.<\/p>\n
\u201cLa integridad electoral siempre ha sido una prioridad m\u00e1xima para el presidente Trump, y el pueblo estadounidense lo reeligi\u00f3 para la Casa Blanca porque apoy\u00f3 de forma abrumadora su agenda de sentido com\u00fan en materia de integridad electoral\u201d, dijo la portavoz Abigail Jackson. \u201cEl presidente har\u00e1 todo lo que est\u00e9 en su mano para defender la seguridad de las elecciones estadounidenses y garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses voten en ellas\u201d.<\/p>\n
El nuevo decreto de Trump es la afirmaci\u00f3n m\u00e1s clara hasta la fecha del deseo del presidente de que sea su administraci\u00f3n \u2014y no los estados\u2014 la que decida qui\u00e9n recibe una boleta de votaci\u00f3n.<\/p>\n
Su directiva crear\u00eda \u201clistas de ciudadan\u00eda\u201d para cada estado a partir de los registros de ciudadan\u00eda y naturalizaci\u00f3n, los datos de la Seguridad Social y otras bases de datos federales para determinar qui\u00e9n tiene derecho a votar en las elecciones federales.<\/p>\n
Pero el Gobierno federal no dispone de las herramientas para elaborar su propia lista completa de votantes elegibles, dadas las limitaciones de sus datos internos, seg\u00fan los expertos electorales, ni tiene esa autoridad legal. Los intentos a menor escala de utilizar datos de inmigraci\u00f3n para verificar la elegibilidad de los votantes, sin una investigaci\u00f3n adicional por parte de las autoridades estatales y locales, han se\u00f1alado err\u00f3neamente a ciudadanos como no ciudadanos, en parte porque los datos obsoletos no siempre reflejan cu\u00e1ndo las personas se naturalizan posteriormente.<\/p>\n
El a\u00f1o pasado, la administraci\u00f3n Trump renov\u00f3 discretamente un programa federal conocido como SAVE (o Verificaci\u00f3n Sistem\u00e1tica de Extranjeros para Prestaciones), que hist\u00f3ricamente se utilizaba para verificar el acceso a prestaciones p\u00fablicas, pero que ahora es una herramienta que se ofrece a los estados para buscar posibles no ciudadanos en sus censos y que el Departamento de Justicia afirma ahora que utilizar\u00e1 \u00e9l mismo para revisar las listas de registro. La reforma ampli\u00f3 las bases de datos que alimentan el programa, vinculando los registros de inmigraci\u00f3n con las bases de datos de la Seguridad Social y la informaci\u00f3n de pasaportes.<\/p>\n
M\u00e1s de 20 estados utilizan voluntariamente el sistema SAVE para ayudar en el mantenimiento de sus listas, e incluso esa pr\u00e1ctica controlada por los estados ha encontrado resistencia.<\/p>\n
Texas fue demandado el 26 de marzo por defensores de los votantes latinos que alegan que el uso por parte del estado de esta herramienta federal \u201ca medias\u201d y \u201cpoco fiable\u201d ha dado lugar a eliminaciones ilegales de ciudadanos de los censos.<\/p>\n
Aun as\u00ed, la Administraci\u00f3n Trump quiere utilizar el sistema para realizar sus propias revisiones de los censos electorales estatales, seg\u00fan declar\u00f3 el 26 de marzo ante un tribunal de Rhode Island el jefe en funciones de la Secci\u00f3n Electoral del Departamento de Justicia, Eric Neff.<\/p>\n
Un acuerdo propuesto el a\u00f1o pasado por el Departamento de Justicia a los responsables electorales estatales, que se mostraban recelosos a la hora de facilitar informaci\u00f3n sensible sobre los votantes, establec\u00eda que los estados dispondr\u00edan de solo 45 d\u00edas para eliminar a los votantes que el Gobierno considerara no elegibles. Solo dos estados estaban dispuestos a firmar la propuesta, pero otros 15 han facilitado los datos aceptando esas condiciones, seg\u00fan ha declarado el Departamento de Justicia ante el tribunal.<\/p>\n
\u201cQuieren centralizar y, en esencia, hacer nuestro trabajo por nosotros, lo cual es incre\u00edblemente problem\u00e1tico e inconstitucional y queda fuera del alcance de la autorizaci\u00f3n que les ha otorgado el Congreso\u201d, declar\u00f3 a CNN a principios de este a\u00f1o un jefe electoral estatal republicano, que pidi\u00f3 permanecer en el anonimato para evitar la ira de la administraci\u00f3n.<\/p>\n
En la audiencia judicial celebrada en Rhode Island, Neff asegur\u00f3 a un juez esc\u00e9ptico que el sistema SAVE del DHS es \u201cen la pr\u00e1ctica 100 % preciso\u201d.<\/p>\n
Sin embargo, funcionarios estatales y locales que han utilizado el sistema se\u00f1alan que ha afectado a un n\u00famero significativo de ciudadanos.<\/p>\n
El oto\u00f1o pasado, las autoridades de Texas identificaron a m\u00e1s de 2.700 posibles no ciudadanos tras cotejar su lista completa de m\u00e1s de 18 millones de votantes con la base de datos SAVE. Sin embargo, en el condado de Travis, que incluye Austin, 11 de los 97 votantes inicialmente se\u00f1alados ya hab\u00edan presentado pruebas de ciudadan\u00eda al registrarse en la divisi\u00f3n estatal de permisos de conducir, mientras que el proceso de investigaci\u00f3n del condado sigue en curso para los dem\u00e1s, seg\u00fan afirm\u00f3 Celia Israel, responsable del programa de registro de votantes del condado.<\/p>\n
\u201cTodas las personas que figuran en esa base de datos (de registro de votantes) deber\u00edan ser votantes v\u00e1lidos y legales. Pero la base de datos SAVE parece ser una herramienta imperfecta para ayudarnos a lograrlo\u201d, declar\u00f3 Israel a CNN.<\/p>\n
Antes de esos comentarios de Neff, el Departamento de Justicia hab\u00eda evitado decir ante el tribunal que quer\u00eda comparar los censos de los estados con los datos de inmigraci\u00f3n del DHS, y sus abogados negaron rotundamente cualquier acusaci\u00f3n de que se estuviera preparando un registro nacional de votantes.<\/p>\n
David Becker, exabogado del Departamento de Justicia que ahora asesora a funcionarios electorales estatales y locales, afirm\u00f3 que el reciente decreto presidencial no har\u00e1 m\u00e1s que reforzar los esfuerzos de quienes se oponen en los tribunales a las exigencias del Departamento de Justicia en materia de censos electorales.<\/p>\n
\u201cTan solo la semana pasada, abogados del Departamento de Justicia suplicaban al tribunal que les creyera cuando afirmaban que el Gobierno federal no estaba creando un censo electoral nacional, y hoy, el presidente deja claro que ese era el plan desde el principio\u201d, dijo Becker, que dirige el Centro para la Innovaci\u00f3n y la Investigaci\u00f3n Electoral. \u201cEl decreto ser\u00e1 una prueba en todos los casos que se presenten en el futuro\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el proyecyto de ley SAVE America, respaldado por Trump, obligar\u00eda a los estados a pasar peri\u00f3dicamente sus listas completas de votantes por el sistema del DHS.<\/p>\n
El DHS \u201cse compromete a ayudar a eliminar el fraude electoral y a restaurar la confianza en las elecciones estadounidenses garantizando que solo voten los ciudadanos de EE.UU.\u201d, afirm\u00f3 Matthew J. Tragesser, portavoz de los Servicios de Ciudadan\u00eda e Inmigraci\u00f3n de EE.UU. (USCIS), que gestiona el programa SAVE. \u201cUSCIS sigue reforzando el programa SAVE y anima a todos los estados a utilizarlo\u201d.<\/p>\n
Trump ha colocado a destacados esc\u00e9pticos electorales en puestos de toda la administraci\u00f3n para buscar el fraude electoral. Una de ellas es la directora de la Divisi\u00f3n de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon, que lidera la cruzada contra los datos de los censos electorales estatales. El mes pasado afirm\u00f3 que una revisi\u00f3n inicial de entre 50 y 60 millones de registros de votantes entregados voluntariamente por los estados revel\u00f3 m\u00e1s de 300.000 personas fallecidas y decenas de miles de posibles no ciudadanos.<\/p>\n
\u201cAhora estamos haciendo nuestra debida diligencia para identificar en qu\u00e9 medida pueden haber votado o no\u201d, dijo Dhillon.<\/p>\n
Los detalles de las afirmaciones de Dhillon no est\u00e1n claros. El Departamento de Justicia (DOJ) afirm\u00f3 en documentos judiciales el 27 de marzo que los censos electorales sin censurar de los estados que han cumplido con las solicitudes del DOJ a\u00fan no se hab\u00edan compartido con ninguna otra agencia, aunque ya se ha formalizado un acuerdo para que el DOJ comparta los datos con DHS, seg\u00fan inform\u00f3 un funcionario del DHS a CNN el s\u00e1bado. Aun as\u00ed, las estad\u00edsticas publicadas por la Administraci\u00f3n hasta ahora muestran un panorama diferente sobre la posibilidad de que los extranjeros inunden los censos electorales.<\/p>\n
Desde abril de 2025, cuando los estados utilizaron por su cuenta el sistema SAVE renovado para comprobar sus censos, este se\u00f1al\u00f3 a 21.000 posibles no ciudadanos de los 60 millones de nombres enviados al programa, seg\u00fan inform\u00f3 el DHS a CNN, lo que supone una tasa del 0,00035 %. Y eso es antes de que los estados realicen esfuerzos adicionales para investigar y evaluar si esos votantes se\u00f1alados son realmente no ciudadanos, algo que, seg\u00fan las propias instrucciones del DHS para el uso de la herramienta SAVE, los estados deben hacer.<\/p>\n
Un secretario de Estado dem\u00f3crata dijo que les preocupa que la administraci\u00f3n Trump y sus aliados republicanos en el Congreso puedan utilizar los resultados de las consultas del sistema SAVE sobre los censos electorales como pretexto para negarse a dar el esca\u00f1o a los candidatos dem\u00f3cratas victoriosos tras las elecciones de mitad de mandato del a\u00f1o que viene.<\/p>\n
\u201cLa hip\u00f3tesis es que un estado se vea obligado a pasar nuestro fichero de votantes por el sistema SAVE, que adolece de graves deficiencias, y que el gobierno federal elabore una lista de votantes que, seg\u00fan ellos, no son elegibles\u201d, dijo el secretario de Estado, que pidi\u00f3 permanecer en el anonimato para poder hablar con franqueza.<\/p>\n
Los estados se ver\u00edan obligados a tomar medidas agresivas y precipitadas para verificar la ciudadan\u00eda de cada una de esas personas antes de cancelar sus inscripciones \u2014lo que generar\u00eda confusi\u00f3n en el per\u00edodo previo a las elecciones y podr\u00eda disuadir a los votantes\u2014 o a negarse a aceptar las exigencias de la administraci\u00f3n para la depuraci\u00f3n, dijo el funcionario. Pero esta \u00faltima opci\u00f3n conlleva la posibilidad de que el Congreso, liderado por los republicanos, se niegue a admitir a un miembro dem\u00f3crata elegido en el estado en disputa.<\/p>\n
\u201cAs\u00ed pues, realmente coloca a los estados en una posici\u00f3n muy dif\u00edcil, al tener que apa\u00f1\u00e1rselas sin los recursos adecuados para cumplir con un mandato inconstitucional e ilegal o arriesgarse potencialmente a que se produzcan irregularidades en el proceso de certificaci\u00f3n\u201d, dijo el funcionario.<\/p>\n
Trump y sus aliados han cuestionado repetidamente por qu\u00e9 los funcionarios electorales estatales retendr\u00edan las listas si, como dicen, no hay un n\u00famero significativo de no ciudadanos registrados. Los legisladores republicanos siguen argumentando que los dem\u00f3cratas se resisten a los cambios electorales porque quieren que voten los no ciudadanos.<\/p>\n
Funcionarios electorales que han rechazado las solicitudes de datos de votantes tambi\u00e9n han se\u00f1alado las protecciones de privacidad de sus propias leyes estatales para la informaci\u00f3n confidencial recopilada de sus residentes, una preocupaci\u00f3n que se vio agravada por los repetidos casos de mal manejo de datos sensibles por parte de afiliados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). A principios de este a\u00f1o, el Departamento de Justicia afirm\u00f3 que un empleado del DOGE hab\u00eda acordado compartir datos sensibles de la Seguridad Social con un grupo pol\u00edtico no identificado con el fin de impugnar los resultados electorales.<\/p>\n
\u201cEse acontecimiento refuerza la importancia de una gesti\u00f3n cuidadosa de la informaci\u00f3n sensible de los votantes\u201d, declar\u00f3 Phil McGrane, secretario de Estado de Idaho y republicano, en una carta fechada en febrero en la que denegaba la solicitud de datos del Departamento de Justicia. \u201cSi bien valoro las garant\u00edas del Departamento de que los datos de Idaho ser\u00e1n salvaguardados, no puedo asumir ese riesgo \u2014ahora evidente\u2014 ante la ausencia de un claro deber legal de hacerlo\u201d.<\/p>\n
El mi\u00e9rcoles, el Departamento de Justicia demand\u00f3 a Idaho para obtener los datos de su padr\u00f3n electoral.<\/p>\n
The-CNN-Wire
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