El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.
La Fiscalía lo había acusado por rebelión y pidió una pena de 34 años, pero la Corte Suprema consideró que el delito no se consumó. Lo condenó finalmente por conspiración para la rebelión, con una pena menor, en el caso por el fallido golpe de Estado de 2022 (castillo gobernó entre 2021 y 2022).
Castillo es el más reciente de una serie de expresidentes de Perú que se enfrentan a la Justicia, muchos de ellos no concluyeron sus mandatos y fueron destituidos. En los últimos diez años, el país tuvo ocho presidentes.
El miércoles, el expresidente peruano Martín Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, fue sentenciado a 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, al haber recibido más de 2,3 millones de soles (unos US$ 700.000) cuando ejercía como gobernador de la región de Moquegua, antes de ser jefe de Estado.
En octubre, la destituida presidenta Dina Boluarte se unió a la lista de mandatarios que en los últimos años no culminaron el período en Perú, un país caracterizado por la inestabilidad política con varios expresidentes condenados.
El origen de la sucesión de crisis políticas de Perú —Jerí se convirtió en el séptimo presidente en solo siete años— se fija a menudo en a la presidencia de Alberto Fujimori, destituido en 2000 tras un escándalo en el que estaba implicado su jefe de inteligencia y condenado por cargos de corrupción, malversación de fondos y violaciones de los derechos humanos por hechos que incluyeron la autorización de un escuadrón de la muerte.
Desde entonces, las carreras políticas de la mayoría de los sucesores de Fujimori también han acabado en desgracia.
Alejandro Toledo (2001-2006), el primer hombre elegido presidente después de Fujimori, fue condenado el año pasado a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en un escándalo que ha manchado a las élites políticas de toda América Latina.
Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019, el día en que fiscales y policías iban a detenerlo en el marco de una investigación también vinculada a Odebrecht.
Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado en abril por un tribunal de primera instancia a 15 años de prisión por recibir aportes ilícitos de campaña de Odebrecht y del gobierno venezolano. Es el último mandatario peruano en haber culminado su período presidencial.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) dimitió tras dos años en el poder después de quedar envuelto en las tentáculos del escándalo Odebrecht cuando salieron a la luz acusaciones de lavado de dinero. Hoy se encuentra bajo arresto domiciliario mientras continúa un juicio en su contra.
Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso al año siguiente de llegar al poder. Tampoco terminó su mandato: fue destituido por el Congreso por “incapacidad moral” tras ser acusado de recibir sobornos durante su etapa como gobernador. Pasó tres semanas en prisión preventiva y salió en septiembre, mientras continuaba un juicio por presuntos sobornos durante su época de gobernador de Moquegua. Fue condenado a 14 años de cárcel por cohecho pasivo propio al recibir sobornos de dos empresas a cambio de dos proyectos de obra pública. El expresidente, de 62 años, ha apelado el fallo.
Manuel Merino (2020) era el titular del Congreso y asumió el cargo tras la vacancia a Vizcarra, tal como lo hizo ahora Jerí. Duró apenas cinco días en el puesto, en medio de masivas protestas. Fue reemplazado por Francisco Sagasti, quien completó el período de transición hasta 2021. El Congreso archivó en 2022 una denuncia constitucional en su contra por la represión contra los manifestantes, que dejó dos muertos.
Pedro Castillo (2021-2022), maestro rural y dirigente sindical, era relativamente desconocido cuando ganó las elecciones tras un breve periodo de dos presidentes interinos, uno de los cuales dimitió en menos de una semana. Fue detenido por presunto delito de rebelión y destituido por el Congreso tras intentar disolverlo y establecer un gobierno de emergencia. Fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú lo condenó con dos votos contra uno en el caso por el fallido golpe de Estado de 2022.
Dina Boluarte (2022-2025), asumió el cargo como vicepresidenta de Castillo. La más grave de las acusaciones que enfrenta se refiere a la muerte de más de 60 personas durante la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno de las protestas que siguieron a la destitución de Castillo. Las más estridentes incluyen acusaciones de que aceptó relojes Rolex y otras joyas como soborno, que transportó a un político fugitivo en un vehículo presidencial y que abandonó su cargo para someterse a una intervención quirúrgica de nariz. El Ministerio Público informó en octubre que solicitó el impedimento de salida del país de Boluarte por 18 y 36 meses, por dos investigaciones abiertas.
Todos los acusados y condenados han rechazado las acusaciones en su contra.
Muchos expertos señalan la asunción de Fujimori en 1990 como un momento clave del proceso. Entonces el país, que había vivido la década de 1970 bajo una dictadura militar, volvió a estar en control de un Gobierno autoritario.
Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses y presentador de un programa de televisión centrado en el medio ambiente, empezó su Gobierno de manera democrática, ganando las elecciones con una campaña a favor del cambio en un momento de crisis económica y derrotando a una coalición de derechas liderada por Mario Vargas Llosa, quien años después ganaría el premio Nobel de Literatura.
También recibió elogios por sus políticas de austeridad conocidas como el “Fujishock”, que frenaron la hiperinflación, así como por su lucha contra el Sendero Luminoso, un grupo terrorista responsable de decenas de miles de muertes.
Sin embargo, pronto surgió su vena autoritaria y, mientras empezaban a arremolinarse las acusaciones de abuso de poder y corrupción, recurrió a sus fuerzas de seguridad para reprimir a sus oponentes.
A los dos años de su triunfo en las urnas, Fujimori dio un “autogolpe” en el que cerró el Congreso y el poder judicial, revisó la Constitución e instauró una dictadura “que demolió los partidos políticos”, según el abogado constitucionalista Luciano López.
“(Para Fujimori) era un antivalor pertenecer a un partido político, un antivalor hacer política”, dijo Aníbal Quiroga, decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad César Vallejo.
Desde entonces, según Quiroga, los partidos políticos han sido “cambiados permanentemente por movimientos personalistas, populistas, improvisados”.
Para las próximas elecciones del país, previstas para abril de 2026, hay 43 candidatos inscritos para optar a la presidencia, decenas de los cuales no cuentan con el apoyo de las estructuras partidarias tradicionales. Como dice Quiroga, “lo que más produce Perú después del café son candidatos presidenciales”.
El constitucionalista López señala otro legado que data de la época de Fujimori como factor de inestabilidad: la Constitución posterior a su autogolpe, de carácter presidencialista pero que otorgaba al Congreso ciertos mecanismos de control político.
El problema en el balance de poderes quedó en evidencia en 2017, cuando el Congreso —que por primera vez tenía mayoría opositora— hizo caer al entonces presidente Kuczynski. Desde entonces, a los presidentes les resulta más difícil mantenerse en el poder.
Otro factor amplifica el problema: el actual Congreso ha modificado varios artículos de la Constitución, según López, aumentando el desequilibrio de poder y dejando un Congreso “todopoderoso”.
López teme que esto esté creando problemas para el futuro. Si un presidente gana las elecciones, pero no tiene el respaldo del Congreso para gobernar, ¿qué hará? “Sinceramente espero equivocarme, pero estamos muy expuestos a un nuevo 5 de abril de 1992”, dice, refiriéndose al día del autogolpe de Fujimori.
Tal vez no haya mayor símbolo de la maldición que la prisión de Barbadillo en Lima, conocida popularmente en Perú como la “cárcel de los presidentes”, que en su día albergó a Fujimori, a Humala y donde están dos de los líderes que le sucedieron: Toledo y Castillo.
Sin embargo, algunos expertos advierten del peligro de considerar los problemas de corrupción de Perú —que ocupa el puesto 127 de 180 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional— solo a través de la lente de sus expresidentes caídos en desgracia.
Como señala Quiroga, si bien ha habido casos de corrupción presidencial, también ha habido casos de “lawfare”, dice, una práctica que puede definirse como el “uso y el abuso de procedimientos judiciales, o del sistema jurídico en general, con fines y objetivos políticos, a menudo con el objetivo de eliminar, dañar o deslegitimar a un adversario”.
Mientras tanto, el exprocurador y expresidente de Transparencia Internacional José Ugaz señala que la lista de presidencias malditas puede mostrar que Perú es “parte de un club de países vergonzosamente atravesados por la corrupción”, pero también muestra que ha sido capaz de “sentar en el banquillo de los acusados a siete expresidentes”.
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