Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza pareció alardear ante sus compañeros sobre su puntería al disparar repetidamente a una mujer de Chicago tras una colisión entre sus vehículos, según revelaron mensajes de texto mostrados en el tribunal.
La mujer, Marimar Martínez, está acusada de perseguir al agente y chocar contra su auto. Sin embargo, su abogado defensor alega lo contrario, afirmando que fue el funcionario quien la embistió lateralmente.
El miércoles se mostraron en el tribunal mensajes de texto del agente Charles Exum, mientras el abogado defensor de Martínez intentaba probar su afirmación de que el Gobierno potencialmente destruyó evidencia que podría haber respaldado a la defensa cuando liberó el vehículo dañado de Exum y permitió que el agente lo condujera más de 1.600 km hasta su estado natal de Maine.
El abogado defensor penal Christopher Parente señaló los mensajes como una indicación de que Exum comprendía el alto escrutinio público del caso y habría reconocido el potencial valor probatorio de este vehículo.
A medida que el caso acaparaba la atención de los medios nacionales y del público, Exum envió un artículo de The Guardian del 7 de octubre a un grupo de otros agentes, en el que se citaba a Parente diciendo que Martínez tenía “siete agujeros en el cuerpo por cinco disparos de este agente”.
“Léelo. 5 tiros, 7 hoyos”, dijo Exum en el siguiente mensaje.
Cuando Parente le insistió en que aclarara a qué se refería, Exum respondió que era instructor de armas de fuego. Dijo: “Me enorgullezco de mi puntería”.
Otro mensaje al grupo decía: “Tengo una modificación a mi historia. Disparé 5 veces y ella tenía 7 agujeros. Apúntenlo, muchachos”.
Exum explicó al juez que MOF es un “viejo miserable” que siempre está tratando de superar a alguien donde sea posible.
No está claro a qué respondía exactamente, ya que las conversaciones de texto fueron censuradas cuando se presentaron ante el tribunal.
Al pedírsele que explicara el texto, Exum dijo: “Eso significa que las acciones ilegales tienen consecuencias legales”.
Exum defendió el uso de la fuerza contra Martínez, diciendo que su vida corría peligro y que “hice lo que tenía que hacer”.
Posteriormente, señaló que los agentes de la Patrulla Fronteriza consideran la “intención transferida” al decidir si usar la fuerza; es decir, por ejemplo, cualquier daño causado al vehículo se considera una intención de hacerle lo mismo al agente. El uso de la fuerza por parte del funcionario debía ser proporcional, afirmó.
“Este incidente no se parece en nada a lo que hemos entrenado”, dijo Exum al juez. Añadió que era algo que uno podría ver en zonas del mundo controladas por cárteles, no en las calles estadounidenses.
No dio más detalles. Parente, exfiscal federal, ha descrito con frecuencia el incidente que condujo al tiroteo como un simple accidente de tráfico.
Martínez, una ciudadana estadounidense de 30 años, y su coacusado, Anthony Ruiz, quien conducía un vehículo diferente, han sido acusados por fiscales federales de seguir de manera “agresiva e impredecible” y luego embestir a Exum y a otros agentes que se encontraban dentro de su vehículo y que estaban realizando labores de seguridad en Chicago.
Según una declaración jurada presentada por un agente del FBI, Martínez y Ruiz presuntamente condujeron a escasos centímetros del coche de la Patrulla Fronteriza, saltándose en ocasiones semáforos en rojo y conduciendo por el carril contrario mientras perseguían al agente.
Martínez y Ruiz estuvieron presentes en el tribunal el miércoles y ambos se declararon inocentes de un cargo federal de agresión, resistencia u obstrucción a agentes federales.
Cuando Parente le preguntó a Exum si alguna vez le había preocupado que su conducta pudiera haber violado la política de la CBP, Exum respondió: “En absoluto”.
Aunque cabría esperar que las audiencias del caso se centraran en lo sucedido en los momentos previos a la colisión, el miércoles se centraron en lo ocurrido después, y en qué hizo exactamente el Gobierno con el coche de Exum.
La jueza de distrito estadounidense Georgia Alexakis expresó el miércoles su escepticismo sobre por qué los automóviles de los dos conductores acusados en el caso —Martínez y Ruiz— han permanecido en Chicago como evidencia, mientras que el automóvil del agente de la Patrulla Fronteriza fue liberado y se le permitió viajar con normalidad.
“Lo que me preocupa mucho es el hecho de que los autos hayan recibido un trato diferente”, dijo Alexakis.
Los abogados del Gobierno defendieron las decisiones de los agentes federales, afirmando que el FBI había preservado todas las pruebas que consideraban relevantes antes de devolver el vehículo a la calle.
El día del accidente, el FBI recogió fotografías del exterior del coche, muestras de pintura y otras pruebas, según una declaración jurada presentada por el Departamento de Justicia. El vehículo le fue devuelto a Exum esa misma noche, y él afirmó que no se le indicó que lo conservara de ninguna manera.
Durante los tres días siguientes, Exum condujo el coche por Chicago mientras completaba su turno en la ciudad, según la declaración jurada. También se reunió con el FBI y la Fiscalía Federal, y se descargaron datos de su auto, afirmó.
El 8 de octubre, cuatro días después del accidente, condujo la camioneta de regreso a Maine y la estacionó en un garaje seguro de la Patrulla Fronteriza. Allí, un mecánico comenzó las reparaciones, pero recibió la orden de detenerlas debido a los litigios en curso relacionados con el vehículo.
Aproximadamente una semana después de regresar a Maine, Exum dijo que un agente del FBI lo llamó y le comentó que tal vez necesitarían recuperar el auto. Aunque inicialmente Exum le dijo al FBI que no creía que se le hubiera hecho ningún trabajo al auto, luego descubrió que un mecánico había pulido las marcas de roce.
Exum dijo que envió un correo electrónico a su cadena de mando indicando que su vehículo podría tener valor probatorio y que no debía repararse.
El supervisor de Exum dijo que aprobó el trabajo mecánico realizado en el vehículo porque creía que todas las pruebas habían sido recopiladas en Chicago, testificó el agente.
“Si lo necesitaran como prueba, no creo que lo hubieran descartado de la investigación, después de que usted condujera tres días de regreso a Maine, posiblemente destruyendo parte de esa evidencia en el camino, si aún la necesitaban”, escribió el supervisor en un correo electrónico enviado a Exum el 17 de octubre y mostrado en la corte.
Pero el juez Alexakis dijo que el Gobierno creía claramente que el vehículo podía ser una prueba exculpatoria, de lo contrario no se habría tomado la molestia de conservar los registros del automóvil.
Alexakis ordenó al Gobierno el mes pasado que devolviera el todoterreno a Chicago, esta vez transportado en una plataforma. No debía haberse realizado ninguna alteración, ni siquiera un lavado, antes de que la defensa pudiera examinarlo.
Pero Parente afirma que se le ha impedido examinar completamente el vehículo desde que fue devuelto.
Él y su experto pudieron inspeccionar el vehículo, según declaró el miércoles, pero no les dejaron acercarse a menos de medio metro ni tocarlo.
Antes de seguir adelante con la audiencia, Alexakis señaló que el caso del Gobierno ha incluido algunas discrepancias y omisiones que la han obligado a actuar con cautela.
Señaló que el Departamento de Justicia había dicho previamente en la corte que el agente se llevó la camioneta de regreso a Maine porque era su “vehículo personal”, y luego declaró en una presentación judicial posterior que el automóvil forma parte de una flota oficial de la Patrulla Fronteriza.
La jueza también señaló que no se le había informado previamente que un mecánico hubiera trabajado en el automóvil, y que además el Gobierno ha dado al menos dos versiones diferentes sobre quién aprobó el traslado del automóvil a Maine.
Reconoció que la versión oficial de los hechos podría resultar cierta, “pero no puedo aceptar esa posibilidad en este momento”, dijo.
“El hecho de que surjan estas discrepancias me lleva a cuestionar la versión que se está presentando”, dijo el juez.
Alexakis reconoció que el Gobierno estaba trabajando con plazos muy ajustados para transmitir la información al tribunal, pero afirmó: “Este plazo tan ajustado es un plazo que ellos mismos se han creado”.
Entre las cuestiones que ahora tiene ante sí, indicó, está si el Gobierno actuó de mala fe o si las pruebas fueron manipuladas de manera perjudicial.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.