La Junta de Supervisores coincidió en que la situación de indigencia se debe abordar con prontitud como un asunto regional.
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Una inversión privada ayudará a personas de color, hispanos y afroestadounidenses, a convertirse en dueños de su propia vivienda.
El programa brindaría la oportunidad de que las familias de ingresos bajos a moderados compren una casa.
La exigencia concreta es buscar que los gobiernos locales tomen medidas más fuertes que prevengan que más familias puedan ser desalojadas.
Tres años después, los inquilinos siguen viviendo en la propiedad sin la menor intención de salir.
Hasta ahora se han completado 10 desarrollos con 835 unidades que se han convertido en el hogar de más de 2900 personas en toda la región.
La enmienda, aprobada por unanimidad este lunes, incentiva a los desarrolladores a construir una vivienda ADU y alquilarla a un precio asequible