Este lunes por la noche, el Concejo Municipal de Denver otorgó la aprobación final a un proyecto de ley que requiere que las asociaciones de propietarios de viviendas informen a estos sobre sus derechos en torno a un posible desalojo.
Una serie de incidentes que involucraron a por lo menos 50 casas de Green Valley Ranch, distrito de la presidenta del Concejo, Stacie Gilmore, fue lo que motivó a presentar la propuesta.
De acuerdo con The Denver Gazette, las viviendas fueron embargadas dado a que sus dueños no pagaron algunas multas. Gilmore explicó anteriormente que la mayoría de propietarios no estaban enterados de los citatorios ni de que estaban en proceso de una ejecución hipotecaria.
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La funcionaria aseguró que en marzo pasado solicitó al gobernador Jared Polis y al fiscal general Phil Weiser que investigara la situación, y desde entonces ha dirigido las inquietudes de los residentes al despacho de Weiser.
La Denver Gazette destacó que si las asociaciones de propietarios no informan propiamente sobre estos citatorios ni conservan documentación importante relacionada con los casos, los residentes pueden llegar a acumular miles de dólares en multas, sin saberlo.
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El pasado mayo, la Legislatura estatal aprobó la ley HB 22-1137, que concede varias protecciones a los residentes. Por ejemplo, obliga a las asociaciones a notificar a los residentes sobre sus multas acumuladas, así como a diseñar un plan de pagos, antes de que inicie un posible desalojo.
La medida también establece un límite para los recargos e intereses.
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Por otra parte, la ley de Denver modificó las disposiciones relacionadas con los derechos de los inquilinos y las notificaciones de las asociaciones de propietarios de viviendas.
La ley entrará en vigor en agosto, finalizó el citado medio.